
Por: Rafael Puente *
LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS COLABORADORES SON PROPIAS Y NO LA OPINIÓN DE KANDIRE
Creo que todos nos alegramos de que los juegos ODESUR se realicen en nuestro país, ya que además de constituir un espectáculo apasionante para nuestra población, serán, sobre todo, un aliciente para que nuestros y nuestras jóvenes se dediquen más al deporte y al atletismo. Además, nuestros y nuestras participantes en dichos juegos se sentirán más seguros y más apoyados, lo que cabe esperar que influya en los resultados… Por lo demás, el enorme esfuerzo ingenieril y arquitectónico parece que valdrá la pena y abrirá nuevas oportunidades para nuestros/as atletas y deportistas.
Pero llegan también noticias preocupantes y que merecen una reflexión. Para empezar, es inaceptable que a estas alturas (faltan menos de dos semanas) los espacios dedicados a cada competencia no estén todavía todos terminados, pues aunque logren terminarse milagrosamente a tiempo ,ya estamos mostrando, a las delegaciones que se adelantan en llegar, que aquí hacemos las cosas a última hora… Y ojalá a la hora de arrancar con los Juegos realmente estén concluidas todas las pistas e instalaciones, cosa que no parece segura.
Otro elemento preocupante es el financiero, con las inevitables sospechas de corrupción (¿otra vez?). Para empezar, las contrataciones directas (aplicadas en este caso a la construcción y provisión de todas las instalaciones y servicios, y que ascienden a casi 120 millones de bolivianos) siempre son sospechosas; y mucho más cuando se presenta un solo proponente (que es el caso de los contratos de servicios, cuyo monto asciende a más de 46 millones de bolivianos). Creemos que la transparencia debiera ser una característica permanente en este tipo de actividades, precisamente para no empañar un evento que en principio es positivo.
Mucho más llamativo resulta el supuesto contrato con la empresa Kronopios, que por lo visto pertenece —de manera unipersonal— al exministro de Culturas Pablo Groux y que, aparentemente, se adjudicó un contrato de 11 millones de bolivianos —otra vez por invitación directa— sólo para los actos de inauguración y la clausura de los Juegos Suramericanos.
Para empezar la cifra es escandalosa —y peor para un país que tiene sin resolver tantas necesidades básicas de su población—, pero además son sumas que no pueden ser objeto de invitación directa, sin control alguno y, menos, si se trata de un contrato con un exministro... En este caso, autoridades de gobierno anuncian que habrá una investigación, esperemos que sea efectiva.
Además, existen otros problemas, más bien de tipo técnico, que no parecen estar garantizadamente resueltos. El más llamativo es el problema del abastecimiento de agua para las diferentes delegaciones. Se ha filtrado la noticia de que dicho problema se resolverá en base al servicio de camiones-cisterna, pero no aparecen datos confiables sobre el número de cisternas disponibles (ni del precio de sus servicios).
Esperamos que todo se resuelva a tiempo y que las delegaciones que nos visiten no tengan nada de qué quejarse. Pero hoy por hoy, nada parece estar garantizado, y debiera estarlo todo. Está en tela de juicio la seriedad de nuestro aparato estatal, la capacidad de nuestras autoridades, y en general, el prestigio de Bolivia.
Ya se sabe que los resultados de nuestros diferentes equipos atléticos y deportivos serán modestos, eso es normal y previsible, pero no debiera quedar ninguna duda acerca de nuestra capacidad como anfitriones de semejante evento. Amén.
* Rafael Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba.
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