Por: Carlos D. Mesa Guisbert *
LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS COLABORADORES SON PROPIAS Y NO LA OPINIÓN DE KANDIRE
Hay muchas razones que presenté a consideración del Fiscal General que prueban la mala defensa que hicieron, tanto el Ministerio de Defensa del Estado como la Procuraduría, en el caso Quiborax.
Detengámonos en los elementos más relevantes que lo demuestran. 1. La piedra angular de la defensa boliviana era la falsificación del acta de composición accionaria de Non Metallic Minerals perpetrada por David Moscoso, Allan Fosk y otros. Delito probado por confesión de Moscoso con sentencia ejecutoriada. El texto del Laudo del Tribunal dice: “Bolivia no invocó en esta etapa (ni tampoco lo hace ahora), las cláusulas de denegación de beneficios… en los artículos I.1.c y II considerados en el Protocolo del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones (TBI)”.
El citado Protocolo establece que “las partes en cuyo territorio se realicen las inversiones podrán exigir prueba de control efectivo de: una participación substancial directa o indirecta superior al 50% del capital o participación accionaria mayoritaria”. Bastaba con presentar la evidencia penal de la falsificación, apelando a las citadas cláusulas del protocolo, para frenar el arbitraje y como queda probado ¡Bolivia no lo hizo!
2. El 14 de septiembre de 2009, NMM-Quiborax presentó un petitorio al Tribunal que demandaba en sus numerales 4, 5, 6 y 7. “Que se declare que Bolivia violó sus obligaciones en virtud del derecho internacional para agravar la diferencia entre las partes al someter a los Demandantes a actos de acoso con el objetivo de impedir que estos ejerzan sus derechos… al iniciar una demanda penal paralela en Bolivia”. Es evidente que tales reclamos son de un cinismo sin límites, pues NMM-Quiborax basó su demanda en un delito de falsificación, pero años después la empresa demostró que, dado que la Procuraduría manejaba al Órgano Judicial del país, tales juicios se podían interpretar como un acoso del gobierno boliviano contra los demandantes.
Esto lo prueba el informe de Pablo Menacho a Héctor Arce de 6 de enero de 2017, en el que le dice: “Las Demandantes (NMM-Quiborax) en el caso CIADI Nº ARB/006/2, Quiborax S.A. y Non Metallic Minerals S.A. en fecha 6 de diciembre de 2016, presentaron una “solicitud para poner término a la suspensión provisional de la ejecución del Laudo”, en cuyo párrafo 12 señalaron lo siguiente: “… los Demandantes hacen presente que tienen abundante prueba que acredita fehacientemente el total control que tiene la Procuraduría General del Estado Plurinacional de Bolivia del proceso penal seguido en contra de Allan Fosk y otros, el mismo proceso penal que el Tribunal ordenó paralizar y que ahora está siendo reactivado”.
“En ese sentido, toda vez que las cuestiones relativas al proceso penal (Caso Nº 9394/08 contra David Moscoso y otros) forman la espina dorsal de la defensa legal de los Demandantes, a objeto de desacreditar las actuaciones del Estado Boliviano… el hecho que los documentos hayan salido de direcciones de correos electrónicos de una alta autoridad de Estado a cargo de la Defensa del Estado, como era la exsubprocuradora de Defensa y Representación Legal del Estado Carmiña Llorenti Barrientos podría ocasionar un grave daño a la defensa de Bolivia en el caso CIADI Nº ARB/06/2”. ¡Y eso es exactamente lo que ocurrió!
3. En la “interpelación” montada por el oficialismo para permitir una larga explicación al ministro Arce, darle un voto de confianza y aplaudirlo, éste dijo que no se cumplió el acuerdo conciliatorio por tres millones de dólares porque David Moscoso había cometido un delito de falsificación. ¿Cómo pagar a un falsificador? Si esto fue así, ¿por qué se inició una negociación que culminó en un acuerdo, habiendo un proceso penal en curso? Porque ese proceso penal era la palanca central para lograrlo.
Pero sigamos el razonamiento de Héctor Arce. Lo notable es que en 2016, tras un segundo acuerdo de pago -esta vez por 27 millones- el arreglo no se concretó porque Moscoso le envió una carta a Arce oponiéndose. ¡Esta vez sí, la carta del falsificador detuvo al poderoso Procurador!, cuando el trato era con NMM-Quiborax como persona jurídica y no con uno de sus socios. Al final se pagó a los falsificadores 42,6 millones, ¡21 millones para Moscoso como propietario del 49% de las acciones de NMM!
4. Como ha reconocido Pablo Menacho al referirse al arbitraje asumido por la Procuraduría: “El costo de un arbitraje supera los cuatro millones y se discuten cientos de millones”. Sólo los honorarios por el fallido proceso de anulación fueron 450.000 dólares. La suma total por el periodo 2008-2018, por palabra propia de la Procuraduría, supera los cuatro millones de dólares, cinco veces el total de la inversión de NMM en el Salar…
De ese tamaño fueron las deficiencias de la defensa boliviana en el caso Quiborax. Hechos que pretenden endilgarle a mi gobierno. Son estos elementos los que tiene en la mano el Fiscal para establecer quiénes son los verdaderos responsables del grave daño al Estado en el caso Quiborax.
Carlos D. Mesa Gisbert fue presidente de Bolivia.
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