Por: William Herrera Áñez
LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS COLABORADORES SON PROPIAS Y NO LA OPINIÓN DE KANDIRE
Las denuncias públicas que involucran a algunos jefes uniformados con el narcotráfico, ha puesto de manifiesto, una vez más, la crisis de proporciones que vive la Policía Boliviana. No es el primer caso ni será el último. Entre los procesados se encuentra un ex Comandante General de la Policía, que guarda detención en la Cárcel de Palmasola, y René Sanabria, el ex Zar antidrogas igualmente detenido en el exterior.
Tal es el grado de infiltración del narcotráfico que, en el primer período de Evo Morales, sucedió un caso que conmocionó a la opinión pública nacional e internacional. En esa ocasión, ni bien terminaba el Presidente Evo Morales de pedirle a la Policía Nacional que cambie, porque se estaba convirtiendo en “una amenaza para la sociedad, y además él tenía su propio diagnóstico institucional”, la policía antinarcóticos incursionaba en una modesta casa de la calle Héroes del Acre, en la zona de Alto Lima de El alto y detenía a Valentín Mejillones Aracapi con 350 kilos de cocaína.
Este operativo tuvo la particularidad de que se trataba nada menos que del amauta o sacerdote aymara, que le entregó el bastón de mando al Presidente Evo Morales el 21 de enero de 2006, durante la primera ceremonia de ese tipo realizada en las ruinas de Tiahuanaco. A la luz de este hecho el propio Presidente reconocía que los narcotraficantes estaban mejor pertrechados que la Policía Boliviana.
Sin embargo, la crisis institucional de la Policía es de vieja data, pues vive atrapada por el Gobierno de turno, sumida en el desprestigio, la ineficiencia y la inmoralidad funcionaria. La prueba es que en todo cambio de Ministro de Gobierno, del Comandante General de la Policía, o en el aniversario de la institución, se anuncia una “reorganización institucional a fondo”, “modernización”, “lucha frontal contra la corrupción”, “nuevo plan de seguridad ciudadana”, refundación, etc. Y cuando algún Ministro ha comenzado a trabajar en este sentido, le han movido el piso y ha dado un paso al costado, como ocurrió con Hugo Moldiz.
Es bueno recordar que la Policía Boliviana desde su creación, el 24 de junio de 1826, responde a una organización unitaria y centralista donde los órganos subalternos y regionales no poseen ningún tipo de autonomía financiera ni operativa: la Policía ha sido siempre una competencia exclusiva del Gobierno central. La verticalidad y espíritu militar caracterizan a esta institución, y esta particularidad constituye uno de los pequeños grandes problemas de la institución verde olivo.
Lo evidente es que la Policía se ha convertido en una de las instituciones más centralizadas, jerárquicas y piramidales de la sociedad boliviana. La mentalidad prevaleciente en el cuerpo de policía no es en primer término de servicio a la comunidad, sino una ideología de orden, disciplina y subordinación al poder político. La jerarquía interna reproduce exactamente los rangos militares, la judicatura interna (tribunales disciplinarios), los uniformes y los saludos (también en la policía el ascenso de Coronel a General es una función del Senado a propuesta del Presidente).
Y lo más grave es que no es la única institución fundamental del Estado que está con un cáncer terminal, pues en la misma situación se encuentra el sistema judicial, la educación, la salud pública, etc. En fin, el fortalecimiento y modernización institucional de la Policía depende de que haya voluntad política del Gobierno (la policía tampoco es independiente) y, por tanto, sólo un cambio profundo puede atemperar esta situación y, al mismo tiempo, comenzar a recuperar la confianza que tanto necesita para cumplir su rol institucional: la defensa de la sociedad, la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio nacional.
La Constitución proclama que Bolivia se constituye en un Estado descentralizado y con autonomía, pero los gobiernos departamentales no ejercen ninguna tuición funcional ni tienen la facultad de influir sobre las unidades de la policía. Los gobiernos departamentales tienen que tener su propia fuerza pública, como la tienen los gobiernos municipales. ¿Acaso la autonomía no supone autodeterminación?
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