Por: Sergio de la Zerda *
LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS COLABORADORES SON PROPIAS Y NO LA OPINIÓN DE KANDIRE
Nada menos que un precandidato a la Presidencia de Estados Unidos fue una de las personalidades del mundo más contundentes al definir lo que pasó en Bolivia. El demócrata Bernie Sanders afirmó a mediados de noviembre que la intervención militar en el derrocamiento dejó claro que se trató de un golpe de Estado, luego de que el presentador de Univisión Jorge Ramos le cuestionara que mucha gente no coincide en que la caída de Evo Morales pueda ser tal. “Podemos discutir su intención de ir por un cuarto cargo presidencial, ¿fue una decisión sabia? Pero, al final del día, fue la milicia quien intervino en el proceso. Cuando la milicia interviene, eso se llama golpe de Estado”, asentó el senador por Vermont.
En suelo boliviano, muchos tardaron en asumirlo hasta la reciente confesión del excívico cruceño Luis Fernando Camacho, quien reveló que su padre “cerró” trato con militares y policías. Frutos de tal negociación (¿negociado?) fueron tal vez el motín policial previo al anuncio del expresidente y la “sugerencia” militar de renuncia, así como su desacato. En efecto, se sabe que incluso antes de la dimisión de Morales el alto mando dejó de obedecerle, rompiendo todo orden y hasta tratando de impedir la partida del avión presidencial hacia Chimoré, población en la que, por otro lado, se practicó un aterrizaje no planificado en un hangar de las Fuerzas Armadas, de donde el líder del MAS solo pudo salir arropado por miles de productores de coca que se reunieron para protegerle.
Tras ello, el expresidente, el exvicepresidente Álvaro García Linera y varios de sus colaboradores tuvieron que internarse en el monte, conscientes ya de ser blanco directo de los uniformados que, además, obstaculizaron el despegue de la nave mexicana que los sacaría del país. Sobre esto, el mismo Tuto Quiroga confesó también que tuvo que tuvo que intervenir de manera personal -sin tener rango alguno- para que la Fuerza Aérea “autorice” el plan de vuelo. Sea por acción u omisión de su rol, hubo, pues, un abierto concurso militar en los sucesos, y eso sin referirnos a la política, sino solo a los hechos.
Evo tenía un mandato constitucional hasta el 22 de enero, uno que los violentos no querían que concluya; la nueva Presidenta se autoproclamó sin haber sido elegida por nadie. ¿Más hechos? Era hasta hace poco suficiente ver nuestras calles plagadas no solo de verdaderos grupos paramilitares, sino de militares y policías en ejercicio disparando a mansalva, controlando hasta los celulares de los transeúntes, perpetrando toda clase de atropellos. Hay hasta ahora más de 30 muertos, centenares o millares de heridos y detenidos. ¿Más? Veamos la violencia simbólica ejercida en la quema de símbolos patrios, las declaraciones de un ministro inaugurando una "cacería" o la de una ministra -también "periodista" (¡!)- intentando conculcar las libertades de sus "sediciosos" excolegas.
Y es acerca de lo anterior sobre lo que quisiera abundar, dada mi formación como reportero. Mucho –y con razón- se ha criticado la “asfixia” económica de la administración Morales a algunos medios privados, así como el uso de los estatales para fines sectarios. Lo que sin embargo padece la libertad de expresión en Bolivia desde noviembre no tiene otro precedente en la historia que el de la última dictadura en los 80.
Las agresiones a periodistas y la quema de emisoras rurales como la radio Kausachun Coca durante el conflicto fueron solo el inicio. A continuación, se adelantó que se “reasignarán” frecuencias de las emisoras comunitarias, siendo que 53 de ellas ya habían suspendido sus servicios informativos. En medio, se canceló de la programación del cable las señales internacionales de Telesur y RT, cadenas que tenían una versión de los hechos distinta a la del oficialismo. Y, en adición, se tomaron los medios públicos, masacres blancas adjuntas, no precisamente para ponerlos al servicio del pluralismo, sino, tal como se criticaba, a la orden del ensalzamiento del régimen y sus mandamases.
En esta senda, la semana que se fue la ministra de Comunicación se asumió como propietaria de la libertad de expresión, se ordenó el secuestro de equipos de radios comunitarias y se supo que se presionó selectivamente con deudas impositivas a varias empresas a las que se identificó como proclives a la anterior administración (se llegó incluso al extremo de detener a uno de sus ejecutivos).
En este oscuro panorama, otros dos hechos agravaron a fondo la situación de la libertad de expresión. El primero de ellos es la amenaza con arma de fuego que sufrió un periodista de un diario cochabambino por parte de un grupo irregular respaldado moral y materialmente por el Ejecutivo. Demás está decir que la denuncia no ameritó investigación ni sanción, como sí la merecieron dos jóvenes de La Resistencia, una plataforma digital con sede en La Paz. A estos últimos se los aprehendió de modo abrupto en su fuente laboral, luego la “justicia” determinó arresto domiciliario en un caso y en la cárcel de San Pedro en el otro. La inverosímil acusación, en boca del fiscal, fue esta: “publicaciones (en redes sociales) en contra del actual Gobierno”.
El episodio represivo fue tan grosero y despótico, que generó solidaridad para con las víctimas de distintos estamentos de la sociedad civil que, más allá de no tener posición política, exigen el cese de la persecución judicial y policial (institución que ratificó que cuenta con una “ciberpatrulla” que bien podría utilizarse para prevenir delitos reales en vez de para espiar a ciudadanos). Aun férreos detractores de Morales como el opinador Carlos Valverde salieron al paso: “Esto tampoco está bien; terminemos con la tentación totalitaria”, escribió en Twitter.
“Unir para sanar”, reza el nombre de una campaña emprendida por el ministerio de Comunicación. Con acciones como las descritas, qué lejos estamos y estaremos de ambos anhelos.
*Periodista y excandidato a diputado por el MAS.
Meme del Dia
Publicidad de Kandire
