Por: Julio Peñaloza Bretel *
LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS COLABORADORES SON PROPIAS Y NO LA OPINIÓN DE KANDIRE
Ha regresado la furia de la derecha en Bolivia. La captura de Jeanine Añez producida en la casa de alguna vecina o familiar solidaria, encontrada detrás de un mueble, ha alborotado otra vez a los demonios de quienes, acostumbrados a la impunidad y a los privilegios de clase, no pueden concebir que la ex presidenta de facto haya sido detenida preventivamente por cuatro meses por una juez cautelar, lo mismo que para sus ex ministros Alvaro Coimbra de Justicia y Rodrigo Guzmán de Energía con acusaciones de conspiración, sedición y terrorismo en el marco del caso “Golpe de Estado” promovido por la ex diputada del MAS, Lidia Paty.
A Jeanine y a todos quienes la usaron para consolidar la defenestración de Evo Morales, el operativo los tomó por sorpresa, mientras se encontraban enfrascados en el seguimiento a los computos electorales para gobernaciones departamentales y alcaldías municipales, luego de celebrados los comicios subnacionales el domingo 7 de marzo con un solo partido de alcance nacional, el Movimiento al Socialismo (MAS), compitiendo con oposiciones de específicos alcances territoriales, y sin vínculos orgánicos entre las mismas como es el caso de Creemos de Luis Fernando Camacho, gobernador electo por Santa Cruz; Somos Pueblo de Ivan Arias, alcalde electo de La Paz; y Súmate de Manfred Reyes Villa, alcalde electo de Cochabamba, todos ellos vinculados a las acciones conspiratorias que obligaron a la renuncia del presidente Morales y el vicepresidente García Linera el 10 de noviembre de 2019.
El apresamiento de Añez podría dar lugar a un intento de articulación entre estas fuerzas dispersas que con sus victorias logran equilibrar en alguna medida la balanza después de que el MAS con el binomio Luis Arce-David Choquehuanca se hiciera de un triunfo con el 55 por ciento de los votos en las presidenciales del 18 de octubre del pasado año, resultado que acabó con un gobierno en el que campeó la persecución política, la criminalización de militantes y dirigentes sindicales, la extorsión judicial, y la corrupción institucionalizada.
El antecedente más oscuro del gobierno de Añez es la muerte de treinta y ocho personas producidas en las localidades de Senkata, El Pedregal y Sacaba-Huayllani, donde efectivos militares actuaron respaldados por el Decreto Supremo 4078 firmado por la Presidenta y sus ministros, que exime a los uniformadosde responsabilidades penales.
El gobierno de Jeanine se fue deteriorando conforme avanzaban los meses en 2020, producto de su errónea decisión de ser candidata para las elecciones presidenciales y su obsesivo matonaje violando derechos humanos a diestra y siniestra. Es por ello que se fue apagando la confianza dispensada al gobierno de facto por la propia OEA y el Departamento de Estado norteamericano.
Los ex ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López, abandonaron el país antes de que el nuevo gobierno electo fuera posesionado el pasado 8 de noviembre.
Era obvio preveer que en algún momento estas acciones judiciales se materializarían, momento para el cuál huyeron hacia adelante con destino final en los Estados Unidos, cuando todo indicaba que el apoyo del gobierno de Trump al gobierno de facto boliviano había terminado.
Como bien apunta el periodista Freddy Morales, corresponsal de Telesur en La Paz, a Jeanine Añez no se la eligió en la Asamblea Legislativa Plurinancional, ya que fue en instalaciones de la Universidad Católica Boliviana en la que a través de reuniones el 11 y el 12 de noviembre de 2019, los organizadores de la caída de Evo, comunicaron que “con ustedes o sin ustedes tenemos nuestro plan B”, frase pronunciada por el empresario Samuel Doria Medina, posterior candidato a la vicepresidencia de Jeanine Añez.
Fue Susana Rivero, en ese momento presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados quién refirió estos hechos al diario La Razón de La Paz, recién la semana pasada, y que junto a Adriana Salvatierra, presidenta del Senado, participaron de dichas reuniones cuando ya todo estaba diagramado con la violación de los artículos 169 y 170 de la Constitución y el Reglamento del Senado, induciendo al Tribunal Constitucional a la fabricación de un comunicado –sin valor jurídico vinculante– para habilitar la ascensión de Añez.
Ha circulado de manera profusa la fotografía en la que Añez es posesionada en una irregular sesión del Senado, en la que no hubo quorum reglamentario, con la imposición de la banda presidencial a cargo del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kalimán, quién le había pedido setenta y dos horas antes la renuncia a Evo Morales.
Los golpistas Quiroga, Mesa, Doria Medina, Camacho y Ortíz, propiciadores y participantes de las reuniones en la Universidad Católica junto con los embajadores de la Unión Europea, del Brasil y un representante de la Iglesia se aferran a la cantaleta de que hubo fraude y no golpe cuando es perfectamente verificable que en los once meses del gobierno de facto, tal acusación no ha podido ser demostrada, razón por la que las autoridades de los tribunales electorales departamentales están siendo sobreseídas como lo informara el sábado 12 el ministro de Justicia, Iván Lima.
Los alaridos de persecución política y regreso de la “dictadura” han comenzado a retumbar en los salones de la política tradicional boliviana, cuando ha concluido el cómputo de las elecciones subnacionales con segundas vueltas a celebrarse en abril en La Paz, Chuquisaca Tarija y Pando, producto de resultados para gobernaciones que según la ley electoral exigen 40 por ciento de los votos y diferencia de 10 sobre el segundo para acceder al triunfo de manera directa.
Se han expedido ordenes de detención para los ex jefes militares del Alto Mando que facilitaron la caída de Evo -ya fue aprehendido el Contra Almirante, Flavio Arce, Jefe de Estado Mayor del Comando General-, lo mismo que para el ex Comandante de la Policía, Gral. Yuri Calderon y para los ex ministros Arturo Murillo, Fernando López y el recientemente huído, ex titular de la cartera de la Presidencia, Yerko Nuñez, quién habría sido alertado sobre su inminente captura y encontró la manera de ponerse a buen recaudo.
También se detuvo al jefe de la Unión Juvenil Cochala, Yassir Molina, una agrupación civil de choque que actuó en modo paramilitar durante los veintiún días de crisis en el país, que terminaron con la presidencia de Evo Morales y continuó sembrado el terror en la populosa Zona Sur de la ciudad de Cochabamba.
La Fiscalía General del Estado acusa a Jeanine Añez de haber presionado a los presidentes del Senado, Adriana Salvatierra y de Diputados, Victor Borda, quién se vió obligado a renunciar porque tenían amenazada a su familia en la ciudad de Potosí, de donde es oriundo. Para agregarle confusión al escenario, se ha informado ampliamente que en un momento definitorio, Evo Morales consideró que toda la línea sucesoria debía renunciar para que “ellos se quedaran con su golpe” y asumieran la conducción del país desprovistos de legalidad y legitimidad.
Bolivia vive una crisis de Estado que se inició con la habilitación de Evo Morales como candidato a la presidencia a través de una decisión del Tribunal Constitucional en noviembre de 2017, a título de que su candidatura estaba basada en un derecho humano, desconociendo el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 en el que ganó el No a una nueva repostulación, decisión que activó la ira de los votantes que con un 51 por ciento ganaron a quienes se pronunciaron porque Evo terciara nuevamente en elecciones nacionales.
A partir de ese momento, la polarización se ha ido manifestando progresivamente y se reactiva con el apresamiento de Jeanine Añez que a sabiendas de que no le correspondía, se arriesgó a asumir una responsabilidad sin el sustento jurídico constitucional que ha dado lugar a una detención con ribetes cinematográficos y de la que se espera,sea administrada en el marco del debido proceso y las garantías a las que tiene derecho como ciudadana.
* Periodista boliviano
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