Por: Álvaro García Linera *
LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS COLABORADORES SON PROPIAS Y NO LA OPINIÓN DE KANDIRE
Evo Morales y Mauricio Macri, durante la Cumbre de las Américas.
Primero dijeron que no se había mandado ningún material bélico a Bolivia en las jornadas trágicas del golpe de estado del 2019. Luego que se trataba de material antidisturbios para proteger la embajada argentina. Y finalmente, que todo este asunto es un malvado ataque político. Lo cierto es que la ex ministra Bullrich y ex presidente Macri se han asfixiado con sus propias palabras al momento de justificar sus inconductas. Intentaron negar, eludir y hasta huir de un gravísimo asunto de tráfico de armas que ellos mismos crearon. Y cada que hablan, se hunden aún más en sus mentiras.
Lo cierto es que llegó a Bolivia un “escuadrón de gendarmería” armado con ametralladoras, pistolas y carabinas automáticas, sin ninguna autorización parlamentaria, ni de Argentina y menos de Bolivia que, en este último caso, la Constitución Política del Estado, en el Artículo 158, establece que los únicos que pueden autorizar la entrada temporal de cualquier tipo de fuerza armada extranjera es la Asamblea Legislativa Plurinacional; cosa que no sucedió.
Y también llegaron 70.000 cartuchos de escopeta, 661 granadas de mano de gas y otros implementos. Las ex autoridades argentinas señalan que todo este material se hubiera usado en entrenamiento del escuadrón. Más que un pretexto es una manera macabra de hacerse la burla de si mismos, ¿Se imaginan a 11 uniformados encerrados en una casa gastando 70.000 cartuchos en 7 meses, encima con solo 2 escopetas que - según el informe de Ministerio de Defensa de Argentina del 10 de julio del 2021- son las que llevó el escuadrón de gendarmería? Creerles este adefesio explicativo significaría que el contingente “Alacrán” hubiera tenido que disparar 333 cartuchos por día al interior de la embajada. Y ciertamente no hay vecinos ni par de escopetas que aguanten semejante exabrupto; a no ser que se haya intentado hacer un túnel bajo tierra a modo de “entrenamiento”.
Lo cierto es que ese material bélico fue entregado a la policía boliviana, tal como lo ha admitido el actual comandante de esa institución; y a los militares, tal como agradeció el general de la Fuerza Aérea Terceros a través de una carta; luego denunciada como falsa, pero que el mismo cartel de medios de comunicación conservadores que iniciaron esa campaña de desprestigio de la misiva, tuvieron que retractarse.
En resumen, “alacranes”, munición letal para armas automáticas, granadas de gas y 70.000 cartuchos de escopeta 12/70, llegaron a Bolivia sin ninguna autorización congresal ni civil en las horas que se estaba consumando el golpe de estado de noviembre del 2019.
Esto tiene implicaciones legales en ambos países. En Bolivia, aquellos mandos policiales y militares que tramitaron, aceptaron y ayudaron a la entrada del destacamento de una fuerza armada extranjera sin autorización de la Asamblea Legislativa, violentaron la “integridad territorial y soberanía del Estado”, penalizada por el Código Penal con 15 a 30 años de cárcel. En el caso militar el delito se agrava siendo que se trata del incumplimiento de la única misión que justifica su existencia.
Pero, además, los oficiales bolivianos que aceptaron la entrada de un avión militar extranjero, lo llevaron a la Base Aérea Militar, ordenaron su descarga y guardado, infringieron la Ley 400 de "Control de Armas y Municiones" que, en su Artículo 28, claramente expresa que cualquier internación de armas de fuego y munición para proteger embajadas, debe obligatoriamente ser autorizado por el Ministerio de Defensa y Cancillería. Al incumplir este trámite legal, los oficiales policiales y militares incurrieron en un “tráfico ilícito” sancionado con 30 años de cárcel. Los involucrados extranjeros de este tráfico podrían ser requeridos por la justicia boliviana.
Pero más allá de estas inevitables consecuencias legales, ¿no sabía el ex-canciller argentino Faurie que la entrada de escuadrones armados y municiones para proteger la embajada requería autorización congresal y ministerial boliviana? Obviamente que Faurie lo sabía, pues se trata de un trámite que lo hacen regularmente todas las cancillerías que tienen embajadas en Bolivia. Y entonces, ¿Por qué este grosero traspié de diplomacia y respeto de las instituciones democráticas?
De hecho, no se trató de un “olvido” pues, como establece el mismo informe del Ministerio de Defensa de Argentina, la Policía Bolivia, presentó a la embajada un documento el 12 de noviembre, un día antes de la llegada del personal armado y las municiones, en el que los policías, atribuyéndose el papel de Asamblea Legislativa, de Ministerio de Defensa y Cancillería “autorizan” la entrada del escuadrón “Alacranes” y de la munición argentinos.
Entonces, queda claro que con quien negoció el gobierno de Macri fue con policías, y seguramente con militares, por eso la carta de agradecimiento del general Terceros y el uso de la plataforma militar de la Fuerza Aérea Boliviana. ¿Y desde cuando un gobierno democrático negocia la autorización de llegada de tropas y envió de munición letal con policías y militares de otro país? Estos temas delicados de seguridad interna y soberanía territorial, en gobiernos democráticos, son de responsabilidad exclusiva de presidentes electos, de ministros designados por autoridades civiles electas.
¿Y entonces porque Macri, su Canciller y su Ministra negociaron con los generales? Porque ellos eran el gobierno de Bolivia durante esos días; lo eran de facto. Macri lo sabía y, al negociar con ellos la autorización de la llegada del avión argentino C-130, los reconoció como gobierno.
No importa cuán grave haya podido ser la situación de la embajada argentina en Bolivia, lo cierto es que al transar con generales sublevados el gobierno argentino reconoció, respaldó y legitimó a esa camarilla golpista. Y en vez de desconocerla, Macri los avaló y felicitó “regalándoles” 70.000 municiones antidisturbios.
La realidad de esos días es que nadie molestó a la embajada argentina, como sí lo hicieron con la delegación mexicana asediada por paramilitares y policías, quizá porque no les “regalaron” municiones a los generales.
Queda entonces en el aire, la pregunta sobre las convicciones democráticas de un gobierno democrático como el del ex presidente Macri. ¿Es democrático negociar y armar a militares golpistas?, ¿Hay apego a la protección de la vida y los derechos humanos entregando munición a generales de un país en el que estos salen a las calles a reprimir civiles desarmados?
Algún seguidor del general Jorge Rafael Videla dijo que lo que se mandó a Bolivia fueron “empanadas”, sin ningún efecto letal. Pues esas “empanadas” le sacaron el ojo al campesino Hernán Maldonado, le perforaron los pulmones Sonia, una niña de 15 años, le arrancaron pedazo de carne de la pierna a Juvenal.
Las armas y municiones llegaron el 13 de noviembre del 2019. Dos días después, tropas policiales y militares “reforzadas” con el cargamento recibido desde Argentina, asesinaron en Sacaba a 11 civiles e hirieron a 120. Días después, en Senkata, otros 11 civiles serían masacrados y 78 heridos de gravedad. ¿Podrá Macri dormir tranquilo sabiendo que Paulino Condori y Percy Conde, murieron por impacto directo de proyectiles de escopeta? ¿Sabrá que muchas familias han quedado con padres mutilados y que hay centenares de niños huérfanos resultantes de la represión ordenada por los generales con los cuales negoció una falaz “protección” de la embajada?
En fin, en descargo del ex presidente Macri se puede afirmar que este peligroso extravío de las convicciones democráticas no es su patrimonio personal. Es ahora ya un hecho común a todas las fuerzas políticas conservadoras del mundo. Cuando el horizonte neoliberal estaba en su cenit, la democracia era el lugar de la validación de la convergencia estructural de las elites políticas. Hoy, asistimos al ocaso del consenso del libre mercado. Las hegemonías también envejecen; y en este caso descomponiéndose monstruosamente.
Su visión instrumental de la democracia los está llevando a considerar a las prácticas electivas y las normativas constitucionales en unas molestias prescindibles a la hora de preservar privilegios de clase y apellido. No es casual que Trump haya convocado a sus seguidores a asaltar el Capitolio, que Carlos Mesa haya llamado a quemar tribunales electorales en Bolivia, que Mario Vargas Llosa busque escamotear el voto de pobladores indígena-campesinos en el Perú o que el “Grupo de Lima”, de la mano de los gobiernos conservadores de Ecuador y Argentina, se haya convertido en una internacional de la muerte proveyendo de material bélico para consolidar un golpe de Estado. Han regresado al primitivismo de una lectura schmittiana del poder en la que el gobierno reconocido desde ahora, no es aquel electo por el pueblo; sino el que puede imponer, a sangre y fuego, el estado de excepción.
Trágicamente, la democracia está bajo asedio. Y no por los llamados “populismos”, sino por un neoliberalismo crepuscular.
* Tres veces vicepresidente de Bolivia (2006-2019) acompañando a @evoespueblo, es docente e investigador y autor de numerosos libros y ensayos de sociología y teoría social
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