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Ayudas sociales, desconocimiento a organismos, bajas de policías y militares y varios resarcimientos económicos, además de viviendas, figuran entre los pedidos del pliego petitorio de 22 puntos que presentaron al Gobierno las víctimas de los hechos de violencia en Senkata y Sacaba, en noviembre de 2019.

El documento de dos páginas, suscrito tras la reunión entre las autoridades y las víctimas, exige el pago de “gastos de sepelio” valuados en 10.000 bolivianos, según lo establece el punto 12.

Además “la nivelación a 50.000 bolivianos de ayuda económica para todos los heridos, sin importar el grado de invalidez”, según determina el punto 13.

Los familiares y víctimas piden un salario mínimo de 5.000 bolivianos “para todas las víctimas de las masacres (familiares de los fallecidos, heridos y torturados), monto que deberá aumentar progresivamente de acuerdo con el aumento salarial disputado por ley”.

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Trabajos, subsidios alimenticios y viviendas

En el punto cuatro solicitan ítems de trabajo inamovibles. “(Solicitamos) ayuda de puestos laborales con ítem de inamovilidad, para todas las familias de las masacres (familiares de los fallecidos, heridos y torturados)”, dice el pliego.

La quinta exigencia de las víctimas es la ayuda mediante “subsidios de alimentación, con ampliación, para todas las familias de las masacres”.

El punto 15 demanda “la provisión de viviendas a todas las víctimas de las masacres, en mejora, construcción o reparación, sin contraparte o apoyo económico”.

Juicios, bajas y desconocimiento

Las víctimas de los hechos de violencia también piden que se instauren juicios de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Añez, exministros de Estado y exautoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana.

Reclaman respaldarse en el informe emitido por la Comisión Mixta de Justicia de la anterior Asamblea Legislativa, para impartir justicia para las víctimas.

“Pedimos al fiscal general inicie el juicio de responsabilidades contra la señora Jeanine Añez, sus ministros y sus comandantes del Ejército y de la Policía por los delitos descritos en el informe ‘Masacres y asesinatos’, de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa, presentado en octubre de 2020”, precisa el pliego.

Los puntos nueve y 10 exigen la baja de los comandantes de la institución castrense, así como también de las fuerzas del orden, que hayan ejecutado el Decreto Supremo 4078, aprobado en los días de violencia poselectoral.