
Por: Marcelo Ostria Trigo
LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS COLABORADORES SON PROPIAS Y NO LA OPINIÓN DE KANDIRE
Precisamente cuando se acerca la definición de la demanda planteada por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que Chile se avenga a cumplir con su obligación de negociar con Bolivia una salida soberana al océano Pacífico, en cumplimiento de anteriores ofrecimientos y de acuerdo con la teoría de los actos propios que causan obligaciones, el país está alborotado. Y hay motivos para ello. La ciudadanía boliviana no solo está dividida, sino peligrosamente enfrentada por el empeño del oficialismo de violar la Constitución y desconocer un referendo. Lo que resalta es que se exige legalidad en un asunto internacional, pero internamente se intenta violar la Constitución y un referendo, con el empeño de imponer el continuismo. La falta de coherencia es manifiesta.
Pero esto no es todo: Se sigue con la idea de que con declaraciones, acusaciones y agresiones verbales, se va a influir en el ánimo de los jueces de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. No hay tal: ese alto tribunal internacional solo va a tomar en consideración hechos y argumentos jurídicos; el griterío no será considerado a la hora de definir un pleito internacional como el planteado por Bolivia.
Además, despertar falsas expectativas solo ocasionaría frustración y recriminaciones de uno y de otro lado. Y así se favorece la estrategia de Heraldo Muñoz -el aún canciller de Chile- de usar los agravios recibidos para fomentar la resistencia de los ciudadanos de su país a suscribir un acuerdo con quien los ofende.
No se piensa en que el objetivo de Bolivia no es que se anule el Tratado de 1904 -no sería aceptado por los jueces internacionales-sino que se declare que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe una salida soberana al Océano Pacífico para Bolivia. Esto de acuerdo con la doctrina del Estoppel, por la que un ofrecimiento o reconocimiento de la justicia de las expectativas de otro Estado crea la obligación de cumplir lo prometido.
Lo que se espera, entonces, es que la Corte de La Haya dictamine que Chile tiene la obligación de negociar para resolver, al fin, la mediterraneidad de Bolivia. Lo congruente en este caso es contribuir a que se establezca un ambiente de serenidad, que sea propicio para la eventual negociación; y eso no se está haciendo. No se obliga a nadie con el agravio, sino con propuestas serias. Lo contrario sería dar la razón a los que afirmaban que el propósito de retornar al mar, siempre fue usado con fines de política interna.
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