Por: Reymi Luis Ferreira J.
LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS COLABORADORES SON PROPIAS Y NO LA OPINIÓN DE KANDIRE
Hace días el país expresó su compromiso con la causa marítima desplegando la bandera de reivindicación por casi 200 kilómetros. El acto cívico fue descalificado por el Gobierno de Chile y por el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados del vecino país, Jorge Tarud, caracterizado por su oposición a Bolivia. El 11 de marzo, Tarud afirmó: “Morales ha realizado el acto populista más grande del mundo, desplegando una bandera y ofreciendo soberanía chilena, y utilizará la Corte Internacional de La Haya en busca de su reelección”.
Estas declaraciones tuvieron seguidores en la oposición boliviana y en las redes sociales de quienes no saben diferenciar entre política de Estado y la lucha política interna. El evento fue banalizado por la oposición a su mejor estilo. Calificaron de ‘payasada’ el acto de extender banderas de la reivindicación marítima, otros la calificaron de ‘trapo azul del MAS’, dijeron que era una bandera ‘masista’ por el color, desconociendo que este símbolo fue creado durante el Gobierno de Ovando Candia, en 1969.
Algunos, para pasarse de listos, afirmaron que la bandera original no tenía la wiphala y otros abusando de su ignorancia, expresaron que el mar es celeste y no azul. El objetivo era descalificar el acto cívico, asumiéndolo como un acto proselitista, pero sin ir al fondo de la cuestión que es el derecho de Bolivia a una salida al mar. La oposición y sus adláteres expertos en la chapucería, que dicen luchar por la Constitución Política del Estado, incoherentemente cuestionan la wiphala, que está reconocida en la Constitución como emblema nacional y ridiculizan la demanda marítima, que también está en la Carta Magna como un mandato expreso.
Que se usen las redes sociales para expresar incoherencias ya no sorprende, lo que sí preocupa es que un ex presidente boliviano se sume al discurso oficial chileno que asumió como estrategia desde el 2013 para posicionar la idea de que la reivindicación marítima es una acción electoral del Gobierno de Bolivia. La declaración del ex presidente boliviano ha sido recibida con satisfacción por la élite chilena y ampliamente difundida en los medios de prensa de dicho país, y el Gobierno chileno usa las mismas para confirmar su tesis.
El antibolivianismo no es nuevo en nuestra historia. El presidente Mariano Melgarejo pactó acuerdos que permitían la explotación gratuita del salitre a favor de Chile en 1866. El 1871, el entonces presidente, Agustín Morales, solicitó al Congreso autorización para la compra de armamento, ante la inminente agresión de Chile, pero este lo negó argumentando falta de fondos. Paradójicamente, ese mismo Congreso, manejado por empresarios mineros, condonó una deuda millonaria por concepto de impuestos a la empresa chilena Arteche.
En 1880, el poder minero logró que Bolivia se retire de la Guerra del Pacífico, dejando solo a Perú en la contienda, pese a que dicho país había entrado en la guerra cumpliendo el acuerdo de defensa mutua.
En 1904, el Congreso boliviano, manejado por los liberales, firmó el tratado por el cual se entregó el Litoral. Durante décadas los gobiernos permitieron el uso de las aguas del Silala y aceptaron el desvió del río Lauca. Los mismos sectores el 1 de noviembre de 1979, cuando terminaba la reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) en La Paz, que aprobó una resolución favorable al país sobre el tema marítimo, propiciaron un golpe de Estado.
Lo ocurrido en estos días confirma que el antibolivianismo es una característica recurrente de las fuerzas conservadoras nacionales, que siempre han velado por sus mezquinos intereses y no por el bienestar del país.
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