Por: Raúl Peñaranda U. *
LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS COLABORADORES SON PROPIAS Y NO LA OPINIÓN DE KANDIRE
En una anterior columna me preguntaba si la manera de actuar del Gobierno en el caso Quiborax podría considerarse como un acto de traición a la patria. Los datos surgidos en los últimos días agravan aún más la situación y queda claro que las autoridades que vieron ese caso deberán, en el futuro, por lo menos enfrentar investigaciones penales severas. Nadie que le hace perder 42,6 millones de dólares a un país puede pretender evitar, muy campante, asumir alguna responsabilidad. Esa es la cifra que Bolivia acaba de pagar a Quiborax como resarcimiento tras años de un arbitraje judicial internacional.
Como ya se sabe, en 2004 el expresidente Carlos Mesa expulsó del país a un consorcio en el que participaba Quiborax junto a Non Metallic Minerales. La empresa adujo entonces que el contrato había sido anulado ilegalmente y decidió recurrir al tribunal internacional del CIADI para demandar una indemnización. Pero para poder hacerlo tenía que figurar como si fuera una compañía chilena, y por eso el empresario boliviano y entonces dueño mayoritario, David Moscoso, presentó un documento falsificado con el objetivo de hacer creer que el empresario chileno Allan Fosk tenía la mayoría de las acciones.
La Fiscalía detectó el hecho y acusó a Moscoso, que en 2009 admitió haber cometido ese delito y recibió una pena de cárcel. Eso era suficiente para que el proceso se extinguiera en el CIADI ya que allí sólo podía acudir Quiborax si podía comprobar que era una empresa chilena. Desde el momento en que Moscoso admitió su delito y se demostró así que el consorcio de Quiborax era de mayoría accionaria boliviana, el proceso internacional no debió continuar.
En ese marco, es sospechoso que en 2016 el Estado boliviano decidiera desistir en su pedido de anular un primer fallo logrado por Quiborax contra Bolivia. Hasta ese momento se sostenía que la falsificación de documentos de Moscoso era suficiente para pedir la anulación de los obrados.
Pero las autoridades bolivianas presentaron un desistimiento de la acción y lo hicieron con serios agravantes: nada menos que en consulta con los abogados del lado chileno y forzando a la Fiscalía boliviana a aceptar aquello. ¡Los abogados bolivianos acordaron con los de la parte chilena pedir el desistimiento de una acción que le convenía al Estado boliviano! En muchos años el país no había registrado un caso tan grave.
Pero las cosas no terminaron allí. El Deber reveló que, para ese desistimiento, la entonces subprocuradora Carmina Llorenti le prestó a uno de los abogados de la parte chilena, Rodrigo Gil, la computadora de su oficina para que enviara unos documentos. El abogado ingresó a la computadora, se reenvió varios documentos, entre otros el texto del desistimiento que habían pactado y el que la Fiscalía tenía que enviar al CIADI, y después utilizó esa información contra Bolivia. El procurador en funciones era el ahora ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta.
El asunto empezó mal, en realidad, en 2008, cuando se logró un acuerdo de partes para pagarle sólo tres millones de dólares de indemnización a la empresa. También bajo la supervisión de Arce Zaconeta, Bolivia resolvió no aceptar ese acuerdo y seguir pleiteando. En 2015, según los documentos enviados desde la computadora de Llorenti, se alcanzó un segundo preacuerdo, que implicaba que el Estado debía pagar 27 millones de dólares. El Gobierno boliviano también lo rechazó posteriormente. Da la impresión de que las autoridades trataban de que la cifra que Bolivia debía pagar a los empresarios chilenos fuera la más alta posible.
Cuando finalmente la cifra a erogar alcanzó los 42,6 millones de dólares, las autoridades se apresuraron a cancelarlos. El procurador Pablo Menacho abrazó a Andrés Jana, abogado jefe de la parte chilena, en un acto que formalizó el acuerdo y en el que participó también el ministro de Minería, César Navarro. Todos se sacaron fotos, muy contentos. Es de no creer.
Para empeorar todo, el abogado Jana es uno de los asesores de Chile en el proceso de su país contra Bolivia en La Haya.
Aunque se han registrado numerosos eventos irregulares o dudosos durante los últimos 12 años, éste sobresale por su cinismo y felonía desde el momento que el país podría haberse ahorrado 39,6 millones de dólares si aceptaba el primer acuerdo de pagar tres millones de dólares compensación. Como hemos visto, las autoridades que deberían haber protegido al Estado están señaladas de haber coordinado sus acciones con los abogados de la parte chilena, al punto de prestarles las oficinas y la computadora en la que trabajaba la subcontralora Llorenti. Finalmente se supo que el Estado pagó 1,3 millones de dólares a bufetes de abogados durante el proceso de la defensa. ¡Para terminar obteniendo una lapidaria sentencia en contra!
Pese a todo eso, las autoridades presentaron una acusación contra Mesa como si éste fuera responsable del fracaso de la negociación.
La manera cómo el Gobierno encaró este asunto causa perplejidad e indignación. Hoy el MAS controla la justicia y Arce, Llorenti, Menacho y compañía están protegidos. Pero los efectos de hechos tan graves no se extinguirán fácilmente.
* Raúl Peñaranda U. es periodista.
Twitter: RaulPenaranda1
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