Por: Sergio Centenaro
LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS COLABORADORES SON PROPIAS Y NO LA OPINIÓN DE KANDIRE
El asambleísta Departamental del Movimiento al Socialismo (MAS) de La Paz, Gustavo Torrico Landa, está detenido desde el 6 de febrero tras una denuncia formulada por el Ministro de Gobierno de facto Arturo Murillo. Pese a una decisión judicial que ordenó su prisión domiciliaria, sigue en celdas judiciales por supuesta falta de efectivos policiales.
El Juez Hugo Huacani, del Juzgado de Instrucción 11vo en lo penal de la ciudad de La Paz, dispuso el 11 de febrero la prisión domiciliaria para Gustavo Torrico, amparado en el artículo 231 bis del código de procedimiento penal incorporado por el artículo 11 de la Ley 1173.
Huacani ordenó además la vigilancia de dos escoltas policiales “para la ejecución de esta medida, ofíciese al Director General del Régimen Penitenciario en coordinación con el Director Nacional de Seguridad Penitenciaria del Ministerio de Gobierno”.
El Juez parece haber olvidado que el titular del Ministerio de Gobierno, quien está por encima de la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria, es justamente el instigador de la denuncia que tiene tras las rejas a Gustavo Torrico. El mismísimo Arturo Murillo. Será por esta razón que a pesar de la orden judicial que debiera tener a Torrico en su domicilio, lo tiene aun en una celda judicial, en el desamparo absoluto y bajo amenaza de agravar su estado de salud debido a una enfermedad coronaria. La Justicia aun no ejecutó la orden por “falta de personal policial”
Parece difícil de creer, pero es cierto. La persecución de dirigentes del MAS es más una cacería que un persecución. El lowfare o guerra judicial, llegó como un tsunami llega a la orilla de una ciudad fortificada. Destruyéndola por completo, dando vuelta lo que estaba enderezado y rompiendo las estructuras desde la base. ¿Pero con que fin? El fin es claro y directo; el amedrentamiento de la población, el shock que infunde la cárcel y la muerte. Las muertes fueron producidas durante las primeras horas del golpe de estado en Bolivia, la cárcel fue el segundo nivel del golpe, la segunda fase que implementaron para ensuciar nombres y hundir en la humillación a todo aquel que tenga la osadía de colaborar con la resistencia popular.
Gustavo Torrico está detenido y con una causa penal que comprende entre 15 y 20 años de prisión. Esto significa la guerra judicial (lowfare), difamar, injuriar y secuestrar al oponente con el fin de doblegarlo. Mientras La Paz, Santa Cruz y Cochabamba se llenaban de fuerzas paramilitares armadas y organizadas para derrocar a Evo Morales, Torrico apenas miró a una cámara de televisión y dijo lo que cualquiera de nosotros hubiera dicho como dirigente político; infundir ánimo a las clases populares. No hubo ninguna apología al delito ni a la sedición, sino a la defensa de un gobierno constitucional al que ya habían traicionado fuerzas policiales y militares.
Para el Golpe de estado perpetrado en Bolivia fueron necesarios apoyos externos. Como es el caso de la CIA y del servicio de inteligencia argentino. Tal cual fue denunciado por el portal Behind Back Doors.
La estación de la CIA en La Paz instruyó al Jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) argentina en Bolivia, José Sánchez, para apoyar la recopilación de información sobre:
-Evo Morales y sus administraciones; -todos los funcionarios cubanos, venezolanos y nicaragüenses que residen en Bolivia, incluidos los diplomáticos. Para cumplir con esto, José Sánchez no solo usó a sus agentes en el país, sino que también solicitó el apoyo de representantes en Brasil, Colombia y Perú.
Los requisitos de información de la estación de la CIA en Bolivia son los siguientes:
1.-La elaboración de perfiles psicológicos de los principales líderes del gobierno boliviano, especialmente de los ministros más influyentes. Esto incluye a Juan Ramón Quintana y Diego Pari.
2.- Recolección de datos de inteligencia que pudieran vincular a los funcionarios del gobierno boliviano con el tráfico de drogas.
3.- Recopilación de inteligencia sobre los negocios privados de los funcionarios del gobierno boliviano que pudieran vincularse a esquemas de corrupción.
4.- La identificación de ciudadanos cubanos, venezolanos y nicaragüenses que trabajan en Bolivia.
Así operaron orgánicamente contra Bolivia, servicios de inteligencia de varios países orquestados por los Estados Unidos. Siempre Estados Unidos. Es por esto que la seguridad física de este Asambleísta Departamental Gustavo Torrico Landa, está en peligro, porque son conocidos los mecanismos que utiliza la dictadura de Janine Añez, Arturo Murillo y también es conocido el desvergonzado apoyo injerencista de países alineados al Departamento de Estado de Washington.
Es difícil pretender que regularicen la situación de Torrico porque el contexto general es de desconcierto. Lo que queda claro es que la última información que dieron a conocer familiares del detenido es que permanece aun en una celda y no en su domicilio. Pareciera haber quedado entrampado en una muy conveniente “burocracia” para el Ministro de Gobierno Arturo Murillo otrora empresario hotelero y hoy funcionario del terror y la ilegalidad, ya que fue el receptor de la orden judicial que le confiere a Torrico la potestad de continuar la injusta causa desde su casa.
* Periodista, músico, militante político
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