Por: Camilo Katari *
LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS COLABORADORES SON PROPIAS Y NO LA OPINIÓN DE KANDIRE
Rafael Quispe, Director Ejecutivo del Fondo Indígena, podría considerarse como el ícono de la burla gubernamental al pueblo boliviano o como la figura central de la impostura del régimen frente a la pandemia. Mientras millones de ciudadanos sin derecho al trabajo permanecen confinados en sus casas, sometidos a un régimen de hambre y miseria, Rafael Quispe puede darse el lujo de viajar a su comarca con toda libertad y con todos los privilegios que le concede el poder político.
Después de burlar a la justicia o más bien después de negociar con la fiscalía, Quispe que debería ser procesado y encarcelado por violar la cuarentena al reunir decenas de campesinos para hacer campaña política en plena emergencia sanitaria nacional, se rehusó a declarar acogiéndose al silencio mientras centenares de ciudadanos por la misma falta son encarcelados sin misericordia alguna. ¿ De qué privilegios o fuero goza Quispe frente a 11 millones de habitantes en el país? ¿Qué lo hace diferente con la gente a la que se la condena en menos de 24 horas por el sólo delito de salir a la calle en busca de un pan para los hijos mientras Quispe sale en vehículo oficial y viáticos a realizar campaña política ?
Un caso semejante, pero mucho más grave y atroz ha provocado que el coronavirus llegue al único departamento inmune hasta la semana pasada. El drama de fondo es que la pandemia llegó al Beni de la mano de funcionarios del ministerio de energía y justicia, ambos nacidos en el Beni.
Con la autorización de ambos ministros, 14 personas que trabajan en estos ministerios, oriundos de Trinidad, después que se declaró la emergencia nacional y luego que se amplió la cuarentena y usando vehículos oficiales, consumiendo cientos de litros de combustible, choferes y pago de viáticos, viajaron al Beni cruzando retenes y trancas a lo largo de 1.200 kilómetros desde La Paz a Trinidad, nada menos que a disfrutar en casita el tiempo que durara la cuarentena.
Con dinero de los bolivianos, armados de arrogancia y apoyo político de la presidenta candidata y de sus ministros benianos que no solo burlaron los controles policiales, sino que viajaron ebrios ejerciendo poderes que jamás recibieron del pueblo.
Pero lo más grave del asunto y que toca los límites de un crimen de consecuencias funestas y dolorosas, con decenas o centenares de muertos a futuro, es el hecho de haber infiltrado la pandemia del coronavirus al único departamento al que no había llegado la enfermedad.
Estos 14 funcionarios benianos al igual que Rafael Quispe, gozan del fuero de inmunidad política, un verdadero y aberrante privilegio que ningún otro boliviano dispone o ejerce.
El olímpico desprecio con el que se maneja la ley desde el ministerio de gobierno, permite que estos violadores flagrantes gocen de total impunidad, incluso por el delito de homicidio culposo.
Ambos casos exigen una urgente determinación del régimen antes que el pueblo entero, inflamado de indignación por todos los abusos del gobierno, empiece a hacer justicia por mano propia.
Jeanine Añez y su comparsa beniana tiene los días contados ante semejante crimen imperdonable que ya ha costado la vida de una persona humilde de 67 años de edad y de decenas de contagiados que se cobraran otras víctimas inocentes.
Por cierto, ambos casos no son los únicos en cuanto al abuso de poder. La contratación millonaria de un hotel de 5 estrellas para el aislamiento social de casos sospechosos es otra prueba que al gobierno le interesan más los negocios que la vida de la gente.
Para entender la naturaleza de éste régimen solo basta y sobra con estos casos de abuso de poder frente a la absoluta ineptitud e incapacidad para frenar la pandemia en el país.
Al parecer, la pandemia solo está sirviendo como coartada perfecta para cumplir dos objetivos:
1.- Usar dinero del Estado discrecionalmente y sin fiscalización, al igual que los recursos provenientes de la cooperación internacional de libre disponibilidad.
2.- Abonar el proyecto político y electoral de la candidata presidenta usando todos los recursos públicos cuando se comprometió a no hacerlo.
Los bolivianos estamos atravesando peligrosamente el umbral de un gobierno golpista, violador de DDHH y de signo policíaco - militar a un régimen criminal que no mide consecuencias ni humanitarias, políticas, ni económicas, amparado en el apoyo irrestricto del gobierno norteamericano que ha tomado las riendas del país.
* Camilo Katari, es escritor e historiador potosino
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