Por: Tentara Carrillo *
LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS COLABORADORES SON PROPIAS Y NO LA OPINIÓN DE KANDIRE
En Bolivia, la democracia sigue siendo una promesa pendiente cuando se trata de la iniciativa legislativa ciudadana. Pese a que la Constitución Política del Estado (CPE) reconoce este mecanismo como una forma de participación directa del pueblo en la elaboración de leyes (art. 11.II.1), la realidad es que dicho derecho es constantemente ignorado, archivado e incluso usurpado por quienes deberían garantizarlo: los propios legisladores.
La situación es alarmante. La CPE es clara: “tienen la facultad de iniciativa legislativa, para su tratamiento obligatorio en la Asamblea Legislativa Plurinacional: 1. Las y los ciudadanos” (art. 162.I). Este no es un pedido ni una sugerencia, es un mandato imperativo. Además, se establece que “la ley y los reglamentos de cada Cámara desarrollarán los procedimientos y requisitos para ejercer la facultad de iniciativa legislativa” (art. 162.II). No se trata solo de reconocer un derecho, sino de garantizarlo con normas y mecanismos específicos.
En ese sentido, la Ley de Régimen Electoral (Ley 026, art. 4.I.e) establece que la iniciativa legislativa ciudadana es un derecho político. La jurisprudencia constitucional (DCP 9/2014, FJ. III.7.3.2) lo refuerza al señalar que las formas de democracia en la Constitución no son opcionales, sino de cumplimiento obligatorio. Y sin embargo, tanto el gobierno central como los gobiernos autónomos han fallado en promulgar leyes que permitan ejercer efectivamente este derecho. Es más, ni siquiera se dignan a responder las propuestas presentadas por la ciudadanía.
La Ley Marco de Autonomías (Ley 031, art. 139.2) refuerza la obligación de los gobiernos subnacionales de “garantizar […] la iniciativa legislativa ciudadana”. No obstante, la omisión generalizada de este mandato refleja un profundo desprecio por la voluntad popular. Esto no es un simple descuido técnico: es una forma de violencia institucional contra el ciudadano que busca aportar al país.
Pero hay un agravante más: los legisladores que piden que las propuestas ciudadanas sean presentadas “a través de ellos” para luego apropiarse de la autoría. Es decir, las presentan como propias, cometiendo una forma de plagio que, además de antiética, sabotea el proceso mismo. Una vez asociada la propuesta con una figura política, el resto del escenario legislativo —movido más por cálculos de poder que por convicciones democráticas— se encarga de bloquearla, incluso si proviene del mismo partido.
Paradójicamente, mientras el ciudadano invierte tiempo, conocimientos y recursos propios para formular una propuesta de ley de manera honorífica, los legisladores —que reciben un salario pagado con dinero público— no solo desatienden estas propuestas, sino que las silencian. ¿No es este un claro abuso del poder delegado por el voto?
La Constitución, nuevamente, es firme: “los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos” (art. 13.I), y sus garantías no pueden estar supeditadas a la buena voluntad de quienes hoy ocupan el poder. El (artículo 109.II) de la CPE establece que “los derechos deben contar con garantías previstas en la ley”. Por tanto, reglamentos internos o protocolos administrativos no bastan: se requiere legislación formal.
La Ley 026 también lo dice sin rodeos: el ejercicio de los derechos políticos “no puede ser restringido, obstaculizado ni coartado por ninguna autoridad” (art. 4.II). Esto incluye el derecho a proponer leyes. En consecuencia, el Órgano Electoral Plurinacional, como garante de los derechos políticos, debería ser el primero en exigir que se legisle sobre esta materia. Lo mismo corresponde a la Defensoría del Pueblo, que debe actuar en defensa de los derechos humanos (CPE, art. 222.2 y 222.5; Ley 018, arts. 23.2 y 28.1).
Lo más grave es que el actual vacío normativo convierte el derecho a la iniciativa legislativa ciudadana en un simulacro. Existe en el papel, pero no en la práctica. Este incumplimiento sistemático no es solo un fallo técnico; es una negación activa del principio democrático y del respeto que merece cada ciudadano boliviano.
Legislar no es un privilegio exclusivo de quienes ostentan cargos públicos. La ciudadanía también debe tener un asiento en la mesa donde se diseña el país. Y mientras ese espacio no sea respetado, la democracia seguirá siendo parcial, excluyente e incompleta.
* Analista político y seguridad interna del Estado
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