Por: Tentara Carrillo *
LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS COLABORADORES SON PROPIAS Y NO LA OPINIÓN DE KANDIRE
Malestares en ebullición
Hace pocos días oficiales subalternos de las Fuerzas Armadas, asignados a la ciudad de El Alto, denunciaron mediante una carta leída por la red televisiva ATB dos graves irregularidades cometidas por la Policía Nacional. La primera de ellas señala la extendida práctica del personal policial dedicado a extorsionar a ciudadanos que por diversas razones salen a la calle rompiendo la cuarentena. La mayoría de las veces en busca de alimentos para sus hijos.
La segunda denuncia, tan grave y mucho más que la primera, tiene que ver con el tenebroso papel que hoy está jugando la Policía Nacional contra el pueblo boliviano en plena pandemia. La denuncia del personal militar que participó en el operativo del supuesto bloqueo de Senkata señala, con evidencias tangibles, que el bloqueo fue un montaje realizado por el personal de inteligencia policial, ministerio de gobierno y gente afín a la alcaldía de Chapetón con el objetivo de criminalizar la protesta que presuntamente estaría dirigida por dirigentes del MAS.
Esta maniobra policíaco-política que entre otras cosas tienen como objetivo socavar la base electoral del MAS en El Alto y generar indignación en el resto de la población boliviana forma parte de la nefasta estrategia política para reafirmar la acción represiva, pero al mismo tiempo silenciar los escandalosos y dantescos casos de corrupción del régimen que está convirtiendo al Estado en un botín de guerra. Empero, forma parte de esta estrategia ruin, afectar el prestigio de las FFAA al enfrentarlas con supuestos movimientos que presuntamente están dedicados a romper la cuarentena.
Los oficiales subalternos de las FFAA demostraron mediante videos esta artera articulación entre gente pagada de la alcaldía de El Alto y mandos policiales que están propiciando falsos movimientos sociales contra la cuarentena para golpear políticamente al MAS y hacerlo responsable del contagio ante la incapacidad del municipio y la indolencia e ineptitud del régimen de Janine Añez. Desde esta perspectiva, nuevamente las FFAA están cumpliendo el triste papel de servir de palos blancos del gobierno nacional poniendo en riesgo la salud del personal de sargentos, soldados y oficiales de las FFAA, mientras la Policía Nacional juega a sacar una tajada política de estas operaciones encubiertas.
La Policía se ha convertido en un verdadero cáncer para la sociedad. Hace pocos meses, en noviembre del 2019, el mundo entero asistió con estupor y los bolivianos con un ingenuo entusiasmo, a un deplorable desempeño golpista que forma parte de su larga historia de inconducta antidemocrática. El “motín policial” ha sido la expresión más clara de la descomposición moral y profesional que al parecer encarnan una lógica devastadora de saqueo desde la escalinata del poder monopólico del estado. Desde esta perspectiva, se han fundido en un abrazo letal con el nuevo régimen con el que comparte una lógica semejante.
Poner en jaque el prestigio de las FFAA siempre ha sido el objetivo de la Policía Nacional para lograr réditos políticos y cercenar privilegios de la institución militar. Por lo demás, hoy día, el gobierno de Añez ha tenido más gestos y decisiones dirigidas a apoyar y beneficiar a la Policía que a las FFAA. Basta recordar algunos datos para confirmar esta afirmación:
1) La Policía inicio el golpe de Estado en noviembre del 2019 que obligó a las FFAA a precipitar su apoyo institucional dada la complicidad de los mandos y los jugosos beneficios que recibieron tanto el Estado Mayor del Gral. Kalimán como el del Gral. Calderón. En las circunstancias más críticas en las que la Policía imploraba ayuda de las FFAA éstas salieron a las calles a protegerlos para evitar su linchamiento popular.
2) Entretanto las FFAA se expusieron públicamente en torno al golpe, los beneficiarios directos e inmediatos fueron los policías. Irónicamente, la seguridad presidencial conformada por militares durante el gobierno de Morales era expulsada por policías que asumieron el control del Palacio de Gobierno. En buen romance, los militares fueron echados del Palacio de Gobierno a patadas por policías sediciosos, apoyados en el nuevo régimen que los premió con el restablecimiento de prerrogativas que Morales les había limitado en aras de la lucha contra la corrupción.
3) La responsabilidad moral, política y jurídica, además del repudio popular respecto a las masacres de Senkata y Sacaba fueron adjudicadas a las FFAA cuando en realidad dichas masacres, con 36 bolivianos muertos, fueron responsabilidad conjunta de policías y militares. Sin embargo, la Policía, con apoyo del gobierno, se encargó mediante los medios de comunicación y redes sociales, de responsabilizar solo a los militares cuyo prestigio está actualmente por los suelos. La población también les adjudica a los militares el doloroso mote de “motines”, un adjetivo que hierve la sangre de los militares.
Las FFAA pasarán a la historia de las próximas décadas como unas vulgares marionetas políticas de la Policía en una suerte de revancha por los supuestos beneficios logrados durante el gobierno de Evo Morales.
4) Mientras las FFAA otorgan con sus armas, sus efectivos y su capacidad disuasiva el sustento golpista al régimen, en desmedro de su prestigio de largo plazo, los policías cobran jugosos beneficios económicos, formales e informales. En primer lugar, la restauración de instituciones que están vinculadas al cobro de dinero como el SEGIP o de espacios institucionales que incrementan su poder y su capacidad de influencia y de negociación como la función de edecanes de todo el aparato estatal y el equipo de seguridad presidencial. Para que un general de las FFAA tenga que ingresar al Palacio de Gobierno debe pedir permiso a un sargento de la Policía.
La Policía fue beneficiada con un incremento salarial que no se ha otorgado a ningún sector del país, más allá del olímpico incumplimiento que hicieran los golpistas de nivelar los sueldos a las FFAA y de otorgarles una jubilación con el 100% de sus ingresos. Además de esto, recibió tantas condecoraciones como privilegios por su papel en el golpe. También se les asignó 40 millones de bolivianos para compra de material antidisturbios mientras las FFAA recibieron 34 millones para el mismo objetivo, pero con la obligación de entregar este material a la Policía cuando fuera necesario.
5) Durante la pandemia, la exposición y riesgos del personal de las FFAA es infinitamente superior en número y calidad profesional que la Policía, pero curiosamente es la Policía la que sostenidamente recibe material, alimentos, equipos y reconocimiento político más que las FFAA. De hecho, el personal de soldados, sargentos y oficiales de las FFAA están enfrentando carencias crónicas respecto al material de bioseguridad al extremo que los soldados deben usar barbijos durante semanas cuando los que se les entrega tiene una duración no mayor a las 24 horas.
6) En la Policía se produjeron ascensos al grado de general que en las FFAA no se producen por razonables demoras debido al conjunto de irregularidades en calificaciones tramposas que el Comando en Jefe presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional para beneficiar a coroneles que comulgan con el régimen en desmedro de oficiales superiores con méritos suficientes que en apariencia apoyaban al gobierno de Evo Morales. Venganza política aparte.
Ciertamente el trato que se dispensa a las FFAA durante la pandemia es por demás bochornoso y humillante. Gobierno nacional, Ministro de Defensa y Comandante en Jefe de las FFAA, en la práctica han abandonado a su tropa en pleno campo de batalla contra la pandemia. Por ello no fue una mera casualidad que todo el personal subalterno festejara en los cuarteles la denuncia que hicieron los capitanes y tenientes a la red televisiva de ATB y cuyo documento entregado circula profusamente en los patios interiores de los cuarteles en un acto de apoyo explícito en favor de los bizarros denunciantes. El personal recibió con júbilo dicha denuncia porque interpretaba perfectamente el ánimo de frustración e impotencia que reina dentro de los cuarteles.
El personal de las FFAA en general se siente desairado y desencantado por sus mandos que cada día les exigen salir a las calles en completa desprotección y vulnerables al contagio del coronavirus para controlar a personas transgresoras o vehículos sin permiso. Entretanto, la Policía se dedica todos los días a extorsionar a la gente, imponer multas arbitrarias, incautar vehículos, arrestar y cometer actos deshonestos e impúdicos, además de hechos delincuenciales como violaciones, tráfico de drogas, torturas en cárceles y encubrimiento al narcotráfico que cada día es denunciado por la gente en las redes sociales y en algunos medios de comunicación.
Para nadie es un secreto en las FFAA que el Ministerio de Defensa se ha convertido, al igual que el Ministerio de Minería, Presidencia, Desarrollo Rural, Obras Públicas o Hidrocarburos, en verdaderos antros de corrupción y que los generales del Alto Mando Militar se han transformado en cómplices directos del saqueo nacional y en los gendarmes de un régimen cleptómano que de modo indignante está aprovechando la pandemia para destruir la Patria. Tampoco es desconocido el juego inmoral de cambios de viceministros, directores generales, personal administrativo dentro del Ministerio de Defensa a través de enroques temerarios entre amiguitos o compañeros de promoción del ministro Fernando López.
El Ministerio de Defensa se habría convertido en un botín de los apetitos más procaces del gobierno de facto y de sus generales aliados, entretanto los 25.000 soldados y los 15.000 oficiales y sargentos están sometidos al indigno trato que les otorga la gente en las calles confundiéndolos con los policías golpistas y deshonestos.
Tampoco es una incógnita que el actual Comandante en Jefe de las FFAA, Gral. Div. Sergio Orellana, trabaja arduamente en favor de silenciar todo el malestar existente en los cuarteles favorecido por los jugosos gastos reservados que recibe y por su peculiar conducta de protección y encubrimiento de las irregularidades policiales que afectan a las FFAA, dada su procedencia de familia policial. Es conocido por todos que Orellana es hijo de un coronel de la Policía y ésta es al parecer otra de las razones para favorecer a la entidad del verde olivo en clara desventaja para las FFAA.
Finalmente, las masivas marchas militares nocturnas que se están produciendo en las capitales principales del país, con el aparente objetivo de levantar el ánimo de la gente, no es otra cosa que un simulacro. En efecto, estas marchas al ritmo de la canción “Viva mi Patria Bolivia”, simplemente levantan una cortina de humo constituyéndose en una maniobra burda y riesgosa que atenta contra la propia salud del personal militar. Solo se pretende distraer los inocultables problemas internos de las FFAA y la baja moral que experimenta ante la infame espiral de corrupción, ineptitud e incapacidad del régimen para enfrentar una pandemia que se les escapa de las manos.
Mientras millones de bolivianos disciplinadamente acatan la cuarentena y otros millones están viviendo condiciones crueles de hambre y miseria, que conducen a la desesperación y en muchos casos al suicidio por impotencia, los dueños del poder continúan impunes en una vorágine de abusos de los bienes públicos en medio de una prepotente y descarnada lujuria que ofende la dignidad nacional.
Hoy, las FFAA tienen no solo el deber sino la enorme responsabilidad histórica de adquirir una verdadera conciencia nacional y pronunciarse ante la destrucción del país que ahora más que nunca pasa por el saqueo de sus empresas públicas estratégicas como BOA, ENTEL, ENDE e YPFB y por la enajenación de sus recursos naturales como la minería y el litio, sin cuyo dominio e industrialización volveremos a la condición de parias del mundo mientras un grupo de extranjeros gobiernan el país a imagen y semejanza de sus apetitos capitalistas voraces e insanos.
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