Por: Tentara Carrillo *
LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS COLABORADORES SON PROPIAS Y NO LA OPINIÓN DE KANDIRE
Luis Arce Catacora llegó al poder impulsado por la voluntad de los sectores más desprotegidos de Bolivia. Fue el voto popular, movilizado por el liderazgo de Evo Morales y por la necesidad de estabilidad tras el caos institucional de 2019, el que lo catapultó al Palacio Quemado. Hoy, sin embargo, ese mismo pueblo que lo eligió con fe en su discurso de “reconstrucción económica” se siente traicionado, reprimido y empobrecido.
Cinco años después, las promesas de Arce han quedado sepultadas bajo toneladas de escándalos, improvisación y represión. El país atraviesa una crisis múltiple: desabastecimiento de dólares, escasez de combustibles, reservas internacionales agotadas —las bóvedas del Banco Central, según múltiples denuncias, ya no guardan oro sino silencios incómodos—. Mientras tanto, la corrupción familiar, el descontrol del narcotráfico y la falta de transparencia son moneda corriente en su administración.
El descontento popular no es ideológico ni partidario. Es hambre. Es frustración. Es la certeza de que se ha utilizado el voto del pueblo para pisotear sus derechos con intervenciones militares y policiales, como se ha visto en recientes bloqueos y movilizaciones. Hoy, quienes protestan no lo hacen por consigna, sino por necesidad.
Paradójicamente, el presidente que alguna vez prometió “gobernar obedeciendo al pueblo”, ha terminado destruyendo el Instrumento Político del Pueblo, apropiándose de la sigla del MAS-IPSP, marginando al evismo y dinamitando la base social que lo sostuvo. Su ruptura con Evo Morales no es solo política, sino moral: le fue dado el poder como un acto de confianza, y ha respondido con traición y exclusión.
La reacción en redes sociales, donde Arce intenta mostrarse como víctima de un supuesto intento de golpe por parte del evismo, no convence. La verdadera víctima es el pueblo boliviano, cuya hambre, miedo y desamparo son utilizados como moneda en una pugna por el poder entre élites políticas que han olvidado para quién gobiernan.
No se trata de justificar hechos inaceptables, como las agresiones ocurridas en Vinto contra personal de salud y efectivos policiales. Condenar esos actos es un imperativo ético y legal. Pero también es imprescindible denunciar la represión estatal sistemática, la militarización del conflicto social y la constante vulneración de derechos humanos, incluida la libertad de tránsito, la integridad física y el acceso a la salud.
El gobierno de Arce ha fracasado en garantizar derechos, pero ha sido eficaz en justificar abusos.
Este 17 de agosto de 2025, Bolivia tiene una cita decisiva. El pueblo debe hablar otra vez, esta vez con más claridad, más madurez y menos ilusiones. Porque el verdadero quiebre democrático no está en las protestas, sino en la negación sistemática del sufrimiento del pueblo. Luis Arce ha demostrado ser un presidente sin proyecto, sin base social y sin rumbo. Es hora de que el país recupere su dignidad política.
* Analista político y experto en seguridad interna del Estado
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