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La exdiputada Rebeca Delgado dijo ayer que está a la espera de que el Procurador del Estado se pronuncie de una vez sobre el fallo internacional a su favor, pero subrayó que “es ineludible que identifiquen a los responsables” de haberles discriminado a ella y al exsenador Eduardo Maldonado al haberles impedido ejercer su derecho a ser candidatos a alcaldes.

El Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió recién un dictamen a favor de Delgado y Maldonado, dándoles la razón en relación que el Estado boliviano vulneró sus derechos y no solo debe resarcirles económicamente, sino que también debe garantizar que nunca más se cometerán tales atropellos contra otros ciudadanos.

Además, el Estado de Bolivia está obligado a identificar a los responsables de incurrir en esas vulneraciones, para efectuarles un juicio de repetición y que ellos paguen el resarcimiento económico.

“Tendrán que identificarlos porque el Estado no puede pagar por malos servidores públicos que vulneran derechos. Si lo hiciera, a futuro tendrá que designar una partida presupuestaria mayor para poder pagar todos los resarcimientos, por ejemplo, a los indígenas afectados del Tipnis, por los megaproyectos que están vulnerando derechos al medio ambiente como Bala, Chepete. Todo eso está pendiente”.

Delgado, se adelantó a identificar a quienes vulneraron sus derechos: el Tribunal Electoral de Cochabamba, el de Potosí, el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal de Justicia y Tribunal Plurinacional Constitucional.

“Se tiene que sentar un precedente de que vulnerar derechos humanos, civiles y políticos es un delito y van a tener que procesar penalmente a los responsables”, reiteró. Delgado añadió que ya es tiempo de que todos estos malos funcionarios asuman su responsabilidad. “Nosotros probamos que se vulneraron nuestros derechos en represalia por haber sido libre pensantes, pues algunas candidaturas sí las dejaron correr. Hubo dúplica y réplica dos veces. Y el Estado boliviano fue condenado. No hay apelación posible”, advirtió.

La exdiputada dijo que lo más importante de este fallo es el precedente que se ha sentado porque ahora todos los ciudadanos bolivianos saben que si sus derechos son vulnerados pueden enjuiciar a los funcionarios responsables. Y, como estipula el artículo 113 de la Constitución Política del Estado, a las víctimas se les concede el derecho a la reparación, a la indemnización y al resarcimiento patrimonial de daños y perjuicios.///