Video

En un nuevo capítulo de persecución judicial, el Gobierno de Luis Arce ha anunciado un nuevo proceso penal contra el expresidente Evo Morales, sumando ya catorce causas en su contra en los últimos meses. Esta vez, se le acusa de terrorismo, en un intento burdo y desesperado de criminalizar la protesta social y desviar la atención de la crisis económica que azota al país.

Desde sus redes sociales, Morales respondió con firmeza: “¿Acaso con eso resolverán la escasez de combustible que hace dos años golpea a transportistas y familias enteras? ¿O la inflación que encarece los alimentos y provoca hambre en nuestro pueblo?”. Sus palabras resuenan con la indignación de un pueblo que día a día debe enfrentar la falta de gasolina, la carencia de productos básicos y la incertidumbre económica provocada por un modelo que ha abandonado los principios del Proceso de Cambio.

Un nuevo proceso se suma a los trece que el Gobierno de Arce me inició en estos últimos meses. ¿Acaso con eso resolverán la escasez de combustible que hace dos años golpea a transportistas y familias enteras? ¿O la inflación que encarece los alimentos y provoca hambre en nuestro… pic.twitter.com/Clm2vDrvg8— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) June 5, 2025

El Gobierno, incapaz de dar respuestas reales a la crisis estructural, ha optado por la vía más fácil: la criminalización de la disidencia. Pero como bien señala Morales, “no se persigue a un hombre, se amenaza a un pueblo”. Porque este ataque no es solo contra él, sino contra todos los sectores populares que se organizan y exigen respuestas ante la decadencia del proyecto económico actual.

Mientras madres hacen filas interminables por un litro de aceite y campesinos no pueden trabajar por la falta de combustible, el aparato estatal se ocupa de perseguir al líder cocalero, cuya única “falta” ha sido no claudicar ante los pactos con la derecha y seguir al lado del pueblo que lo respalda.

La radicalización de las medidas de presión por parte de sectores afines a Morales —que hoy bloquean carreteras en varias regiones del país— no es un capricho, sino una respuesta legítima ante un gobierno que cierra las puertas al diálogo y reprime la movilización popular. Exigen no solo la habilitación democrática de su líder para las elecciones del 17 de agosto, sino también una solución urgente a la escasez de dólares, combustible y al alza insostenible de la canasta familiar.

La historia ya ha demostrado que perseguir líderes no detiene a los pueblos. Pactar con la derecha, como lo viene haciendo el oficialismo, no traerá estabilidad, sino más crisis. La única salida real es volver al camino del pueblo, escuchar sus demandas y reconstruir un proceso verdaderamente popular, antiimperialista y soberano.

Porque Evo no está solo. Lo acompaña la historia, lo acompaña el pueblo.