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El Gobierno del presidente Luis Arce, que se presenta como heredero del proceso de cambio y defensor de los derechos del pueblo, hoy parece caminar peligrosamente hacia un modelo autoritario, recurriendo al viejo guion de la represión para silenciar la protesta social. Así lo dejan entrever las recientes declaraciones del ministro de Justicia, César Siles, quien abiertamente confirmó que el Ejecutivo no descarta el uso de las Fuerzas Armadas para “garantizar” las elecciones del 17 de agosto.

“Vamos a extremar esfuerzos con la fuerza pública y, si es necesario, con las Fuerzas Armadas”, declaró Siles desde Sucre, en un tono que resuena más con épocas de dictadura que con un Estado democrático de derecho. Lejos de buscar soluciones políticas a la crisis interna del oficialismo, el gobierno opta por la amenaza y el uso de la fuerza.

El ministro justificó esta posición alegando que las movilizaciones de sectores sociales afines a Evo Morales vulneran el derecho al voto, a la circulación y a la salud. Sin embargo, omite reconocer que esas mismas protestas son expresión legítima del descontento social frente a un proceso electoral cuestionado y a una gestión que reprime en lugar de dialogar.

¿En qué momento un gobierno que se dice de izquierda comenzó a ver al pueblo como enemigo? ¿Qué queda de la promesa de que “con el pueblo, todo; sin el pueblo, ¿nada”?

La historia reciente de Bolivia está marcada por heridas abiertas tras la masacre de 2019. Amenazar hoy con sacar a las FFAA a las calles es una grave irresponsabilidad, que pone en riesgo la vida y la dignidad de los ciudadanos. Recordemos: cuando las Fuerzas Armadas entran en política, el pueblo pierde.

Resulta alarmante que, en lugar de resolver las disputas internas del MAS con mecanismos democráticos, el Ejecutivo recurra al despliegue de fuerza estatal. La justificación de Siles de que “no se está vulnerando solo el derecho a elegir, sino también a la salud y educación” no puede esconder que detrás de la narrativa de “garantizar derechos” se esconde un dispositivo represivo.

La democracia no se impone con tanques ni con gases. Se construye con consenso, transparencia y respeto a las voces disidentes, incluso si provienen del mismo campo político.

Si el gobierno realmente quiere elecciones libres, que deje de usar el miedo como herramienta política. Que escuche al pueblo, que escuche incluso a su propia base. Porque sin el pueblo, este gobierno no tiene ni moral, ni legitimidad.

La democracia no se defiende con represión. Se defiende con el pueblo, en las calles, en las urnas y con respeto. Y ese respeto hoy está en peligro.

Hoy más que nunca, Bolivia necesita diálogo, no más represión. El pueblo merece elecciones libres, sin amenazas ni bayonetas.