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En medio de un clima de creciente conflictividad social, el expresidente Evo Morales salió al paso de las acusaciones del dirigente oficialista Rudy Capquiqe, quien lo señaló como instigador de supuestos planes para cercar la ciudad de La Paz y provocar convulsión social. Morales desmintió categóricamente haber dado semejantes instrucciones y acusó al Gobierno de Luis Arce de montar una campaña de desprestigio en su contra con fines políticos.

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), Morales denunció una estrategia de manipulación oficialista: “El pueblo se levanta por la crisis, el hambre y la injusticia. El Gobierno crea falsos testigos y empieza a montar casos para acusarnos, desprestigiarnos y confundir al pueblo que lucha por sobrevivir”, escribió. También recordó que no es la primera vez que se intenta vincularlo con hechos violentos sin pruebas concluyentes: “Solo el pueblo conoce la verdad”, añadió.

El pueblo se levanta por la crisis, el hambre y la injusticia.

El Gobierno crea falsos testigos y empieza a montar casos para acusarnos, desprestigiarnos y confundir al pueblo que lucha por sobrevivir.

No es la primera vez que nos hacen falsas acusaciones, solo el pueblo… pic.twitter.com/O9rKuv6GfK

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) June 4, 2025

Las acusaciones de Capquiqe, un dirigente vinculado hasta hace poco al ala “evista” del MAS, pero hoy identificado con el oficialismo, incluyen la difusión de audios de dudosa procedencia, en los que supuestamente se escucha la voz de Morales dando órdenes de bloqueo y sublevación. Capquiqe llegó incluso a afirmar que se planificaban atentados contra figuras políticas como Hugo Moldiz, Melania Torrico y Fernando Ureña, señalando a Suseth Rodríguez como la supuesta operadora de dichas acciones.

Sin embargo, hasta el momento el Gobierno no ha presentado prueba alguna que sustente la autenticidad de los audios ni ha iniciado acciones legales formales, lo que ha generado suspicacias sobre la veracidad de las acusaciones. La falta de respuesta oficial ha sido interpretada por analistas como una maniobra para desviar la atención de la profunda crisis económica y social que vive el país.

Mientras tanto, miles de ciudadanos continúan movilizados en distintas regiones del país, exigiendo soluciones ante la escasez de alimentos y la creciente pobreza. El descontento popular se profundiza y muchos ven en estas acusaciones un intento desesperado del Gobierno por desviar la atención de su propia incapacidad para gestionar la crisis.

La opinión pública observa con escepticismo la estrategia del Ejecutivo, que, en lugar de atender las demandas urgentes de la población, parece enfocado en fabricar enemigos políticos y judicializar la disidencia interna.