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La ofensiva judicial y mediática contra Evo Morales y Pan-Bol revela un giro autoritario del gobierno de Arce, que recuerda las peores prácticas del régimen de facto de Jeanine Añez.

La reciente arremetida del gobierno de Luis Arce contra el expresidente Evo Morales y los movimientos sociales que lo respaldan —a través de amenazas de procesos judiciales y la manipulación del sistema electoral y constitucional— confirma lo que desde hace tiempo muchas voces críticas venían señalando: el llamado “gobierno del MAS” ha abandonado el camino del Proceso de Cambio para consolidarse como un nuevo aparato de poder que actúa en función de intereses burocráticos y ajenos al pueblo.

Wilfredo Chávez, abogado del equipo jurídico de EvoPueblo, lo ha dicho con claridad: el presidente Arce actúa como el régimen de facto de Añez, utilizando la persecución política y la desinformación como mecanismos de control y distracción ante una crisis económica profunda que ya no puede ocultarse. La población lo siente en el estómago: falta el pan, el azúcar, el aceite, y el dólar se ha convertido en un privilegio. Pero el gobierno, lejos de asumir responsabilidades o buscar soluciones estructurales, responde con represión política y maniobras judiciales.

La acusación reciente contra Morales, sustentada en un supuesto audio cuya autenticidad está claramente en duda, no es otra cosa que una burda repetición del libreto de Murillo y Añez en 2019. La diferencia, que debería escandalizar a cualquier militante de izquierda, es que ahora ese libreto se aplica desde un gobierno que se dice popular, pero que en los hechos actúa como custodio de una institucionalidad profundamente antidemocrática y conservadora.

El rol del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en esta ofensiva no puede pasarse por alto. La resolución difundida contra Pan-Bol no solo viola el debido proceso y recurre a normativas retroactivas —inaceptables en cualquier Estado de derecho— sino que además se sostiene sobre una mentira: Pan-Bol no ha perdido su personería jurídica, y sin embargo se busca instalar esa narrativa en los medios, con la complicidad de periodistas serviles al poder.

Ruth Nina, presidenta de Pan-Bol, lo dijo sin rodeos: “Esto es una aberración jurídica”. Tiene razón. Lo que está en juego no es solo la habilitación de un partido o de un líder, sino el derecho mismo del pueblo a organizarse políticamente, a expresarse, a elegir y ser elegido. La proscripción política de Evo Morales —el único líder indígena que ha llegado a la presidencia en Bolivia— es una afrenta a la democracia popular y una amenaza directa al bloque histórico que ha sostenido los avances más importantes del país en las últimas décadas.

Mientras tanto, el gobierno apela a falsedades y a jueces “autoprorrogados” que no tienen legitimidad para decidir sobre el destino político del país. La resolución 007 de la sala plena del TSE es solo el último intento desesperado por cerrar el paso a Evo Morales, violando la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la opinión consultiva 28/2021, que establece claramente que no se puede impedir la reelección bajo argumentos ideológicos o interpretaciones restrictivas.

La expulsión del constitucionalista brasileño Wagner Agra, por decir verdades incómodas, muestra hasta qué punto el gobierno teme el debate jurídico y político. Lula da Silva —referente de la izquierda latinoamericana— volvió al poder después de dos mandatos, ¿por qué Evo no podría? ¿A quién le teme Arce, si no es a su propio pueblo movilizado?

Desde esta trinchera crítica, llamamos a las organizaciones sociales, movimientos indígenas, juventudes y militancias populares a no caer en la trampa del divisionismo ni del miedo. La unidad no se construye sobre la base de la sumisión a un gobierno autoritario, sino en la defensa firme y valiente de los derechos colectivos, la justicia social y la soberanía popular.

Hoy más que nunca, Evo no está solo. Está con el pueblo que lucha, resiste y no olvida.