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Una vez más, la prensa financiada por el Gobierno reproduce sin cuestionamiento los reportes policiales que criminalizan a quienes se movilizan contra la profunda crisis social, económica y política que atraviesa Bolivia. Esta vez, la narrativa oficial apunta contra siete ciudadanos vinculados al ala “Evista”, detenidos en Parotani bajo acusaciones de portar armas y uniformes policiales.

Los titulares alarmistas, convenientemente replicados por los medios estatales, presentan a estas personas como si se tratara de una célula armada, ignorando las múltiples denuncias de montajes, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza que han sido señaladas por organismos de derechos humanos y por sectores sociales movilizados.

El contexto es claro: desde el lunes 2 de junio, miles de bolivianas y bolivianos han salido a las calles y bloqueado caminos para exigir respuestas frente al creciente autoritarismo del Gobierno, la crisis judicial y la falta de transparencia electoral. En lugar de escuchar a la población, el Gobierno ha optado por militarizar los territorios en conflicto y por utilizar a la prensa oficialista para construir un relato de “enemigos internos” y “saboteadores”.

Resulta preocupante que los medios estatales, que deberían velar por el derecho a la información objetiva y plural, actúen como voceros de una estrategia de estigmatización que busca deslegitimar cualquier forma de protesta. La cobertura desproporcionada de operativos policiales y la ausencia de voces de los sectores movilizados demuestran una clara parcialidad y un abandono de los principios básicos del periodismo.

Denunciamos el uso de la maquinaria mediática estatal para justificar la represión y el silenciamiento de la disidencia. Llamamos a la comunidad nacional e internacional a observar con atención la escalada represiva en Bolivia y a exigir garantías democráticas, libertad de expresión y respeto a los derechos humanos.