Video

En una muestra más de autoritarismo y desesperación por mantenerse en el poder, el Gobierno de Luis Arce anunció la presentación de una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales, acusándolo de delitos como terrorismo e instigación pública a delinquir. Esta medida no solo busca criminalizar la protesta social, sino que confirma que el gobierno ha roto todo vínculo con el pueblo al que dice representar.

Las acusaciones del ministro de Justicia, César Siles, no son más que una cortina de humo para ocultar la profunda crisis política, económica y social que atraviesa el país bajo esta administración. En lugar de escuchar al pueblo, el gobierno opta por reprimirlo. En lugar de dialogar con los movimientos sociales, los amenaza con procesos judiciales. En lugar de resolver los problemas estructurales, persigue a sus enemigos políticos con todo el aparato del Estado.

La movilización popular no es terrorismo: es una respuesta legítima a un gobierno que ha traicionado los principios del Proceso de Cambio. Evo Morales no está impulsando un “cerco” ni un “golpe de Estado”, como falsamente afirma el Ejecutivo, sino que encarna la voz de sectores marginados que ven cómo el MAS ha sido secuestrado por una élite tecnocrática, alejada de las bases y de la lucha popular.

El gobierno de Arce teme a Evo no por lo que representa individualmente, sino porque detrás de él hay millones de bolivianos que aún creen en un proyecto revolucionario, inclusivo y soberano. Un proyecto que el actual gobierno ha dilapidado en favor de pactos con las logias de poder, las oligarquías regionales y los sectores conservadores que antes combatíamos juntos.

Resulta irónico que quienes hoy hablan de “romper el orden constitucional” sean los mismos que manipulan las instituciones judiciales para bloquear candidaturas incómodas, que convierten la fiscalía en un brazo político y que se niegan a dar al pueblo la posibilidad de decidir libremente en las urnas.

Denunciar a Evo Morales por “terrorismo” es una infamia. Lo que hoy está en juego no es su candidatura, sino el derecho de los pueblos originarios, campesinos, trabajadores y sectores populares a no ser silenciados. El gobierno de Arce actúa como cualquier régimen neoliberal: reprime, judicializa, divide y miente.

Desde las organizaciones sociales leales al pueblo, rechazamos este intento de amedrentamiento y exigimos, respeto al derecho de participación política de todos los ciudadanos, incluyendo Evo Morales.

Cese inmediato a la persecución política y judicial, convocatoria a un gran diálogo nacional con participación real de las organizaciones sociales y populares.

Elecciones limpias, sin proscripciones ni manipulaciones; la historia juzgará a los traidores del proceso de cambio. El pueblo está en pie, y no se rendirá, manifestó un alto dirigente afín al Gobierno que pidió no ser identificado por miedo a las órdenes de represalia desde la Casa Grande del Pueblo.