Video

En un giro preocupante que tensa aún más la relación entre el Gobierno y sectores del movimiento campesino, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores Lazo, advirtió que se revertirán tierras a dirigentes acusados de presionar a sus bases para participar en bloqueos. Esta declaración ha despertado críticas por el uso político de las facultades estatales para amedrentar a voces disidentes.

Según Flores, se activarán inspecciones para verificar si las tierras de estos dirigentes cumplen con la Función Económica Social (FES), condición legal para mantener su titularidad. En caso contrario, advirtió, podrían ser revertidas al Estado. “A estos malos dirigentes los vamos a hacer seguimiento”, dijo el ministro, marcando un tono de vigilancia más que de diálogo.

La amenaza surge tras denuncias —no verificadas públicamente— sobre supuestas extorsiones en regiones como el Chapare, donde dirigentes exigirían la participación en bloqueos bajo amenaza de quitar tierras. El ministro garantizó la seguridad jurídica para los campesinos que no participen en estas movilizaciones, en un intento de dividir a las bases del movimiento rural.

Flores aprovechó también para atacar abiertamente al expresidente Evo Morales, a quien calificó como “el hombre más conflictivo del país”, acusando al evismo de impulsar bloqueos para desgastar al gobierno. Estas declaraciones, lejos de apaciguar el clima político, encienden las alarmas sobre una posible criminalización del derecho a la protesta.

Diversos analistas advierten que el uso del aparato estatal para intimidar a dirigentes sociales recuerda a prácticas autoritarias que vulneran derechos fundamentales como la libre organización y la expresión. Revertir tierras, un recurso que debería usarse para combatir el acaparamiento o el incumplimiento productivo, se convierte así en una herramienta de presión política.

El conflicto evidencia una creciente fractura en el oficialismo y una peligrosa tendencia a resolver disputas internas con mecanismos de castigo, en lugar de diálogo social. Si bien el gobierno denuncia un supuesto sabotaje económico, el recurso a la amenaza y la represalia plantea una pregunta inquietante: ¿quién defiende realmente al pueblo?