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El Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuyo mandato constitucional y sede institucional está en la ciudad de La Paz, ha decidido insólitamente instalar su Sala Plena este viernes en la ciudad de Santa Cruz, en medio de un contexto político tenso y cargado de sospechas. Este movimiento, lejos de ser un acto administrativo rutinario, levanta serias dudas sobre la independencia del órgano electoral y su aparente sometimiento a intereses regionales y políticos que no representan a la totalidad del país.

La decisión de trasladar una sesión tan delicada, como la publicación de la lista oficial de candidaturas habilitadas e inhabilitadas para las elecciones generales del 17 de agosto, deja al descubierto la creciente influencia del Comité Cívico de Santa Cruz en el accionar del TSE. Este no es un hecho aislado, sino parte de una peligrosa tendencia en la que ciertos sectores de poder buscan manejar el proceso electoral desde una región específica, desplazando la institucionalidad nacional hacia escenarios controlados políticamente.

El vocal Gustavo Ávila intentó justificar la presencia del pleno en Santa Cruz asegurando que se trata de un acto enmarcado en el calendario electoral. Sin embargo, la falta de transparencia y el momento elegido —en medio de amenazas cruzadas, presiones políticas y la exclusión del expresidente Evo Morales como candidato— agravan la percepción de que el TSE está actuando bajo presión, en lugar de velar por un proceso limpio y confiable.

¿Desde cuándo un tribunal que representa al conjunto del país se deja guiar por circunstancias locales para tomar decisiones de alcance nacional? ¿Qué garantías puede ofrecer un TSE que cambia su sede de deliberación como quien cambia de escenario político?

El pueblo boliviano merece un proceso electoral imparcial, transparente y guiado por la ley, no por pactos oscuros o presiones regionales. El TSE tiene la obligación de rendir cuentas al país entero, no de operar como una oficina satelital del poder cruceño.

Exigimos que el TSE retorne a su sede legal en La Paz y que sus decisiones respondan a los principios constitucionales de imparcialidad, legalidad e independencia. La democracia no se negocia ni se traslada por conveniencia.