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El viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, afirmó este jueves que hasta el momento no encontraron nada "irregular" en los millonarios contratos firmados por el Estado con la empresa Kronopios, del exministro Pablo Groux, y Artes Bolivia SRL, para que presten servicios en la organización de los Juegos Sudamericanos. 

"Quiero manifestar que las contrataciones directas son legales cuando se cumplen todos los procedimientos y requisitos establecidos para esta modalidad y que, en el caso de los Juegos Odesur, por el tema del tiempo y la característica de los servicios se hizo cumpliendo todas las normas establecidas", detalló el titular en conferencia de prensa.

Por su parte, el senador opositor, Oscar Ortiz, oficializó un pedido de informe al ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, para que explique bajo qué criterios el presidente Evo Morales se reunió con representantes de ambas empresas para conocer sus propuestas, incluso antes de la convocatoria.

"Hay dos hechos muy graves: primero la participación directa del presidente en reuniones de evaluación de ofertas con los propios proveedores y la segunda, como agravante, un proceso que todavía no se había convocado legalmente", aseveró el legislador demócrata.

Jiménez ratificó que en las denuncias del senador Ortiz no se evidenció ninguna objetividad jurídica ni relevancia de responsabilidad irregular, por lo que esas acusaciones quedan en las conjeturas que intentan empañar los Juegos Odesur.

El Gobierno, el 15 de febrero de 2017, emitió un decreto para que el comité organizador haga contrataciones directas para la construcción de la infraestructura deportiva. Para equipar y que no falte nada a los atletas el 3 de enero de 2018 el Ejecutivo, mediante decreto supremo, amplió las contrataciones directas a todo tipo de bienes, obras y servicios, tanto a nivel nacional como en el extranjero.///