Video

El Comité Organizador de los XI Juegos Deportivos Suramericanos adjudicó a Distribuidora de Servicios, la empresa unipersonal de la esposa de un exatleta, cinco contratos para la dotación de equipo deportivo por Bs 26 millones: uno de ellos, por Bs 17,3 millones, el más caro entre201 procesos de contratación de los Juegos. El Codesur dice que la experiencia del contratista lo avala, pero algunos expertos y la bancada opositora en la Asamblea tienen observaciones.

La empresa unipersonal fue inscrita a Fundempresa por Pamela Sharone Camacho Soria el 29 de noviembre de 2002, con un capital de Bs 221 mil y con el objeto de brindar “servicios a compañías privadas e instituciones públicas”. Como una consultora.

De forma directa y sin oponentes, obtuvo tres de los cinco contratos que suscribió con Codesur. De hecho, el de Bs 17.368.199 para la dotación de equipo para la disciplina del tiro deportivo es la adquisición más cara que hizo el Estado entre 201 procesos que adjudicaron bienes y servicios por más Bs 119 millones. Esta adjudicación es aún más costosa que la  otorgada al exministro de Culturas, Pablo Groux, para la organización de las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos, por más de Bs 11 millones. Se suscribió el 23 de marzo de 2018 y el material se entregó el 18 de mayo.

También, como única proponente, consiguió la dotación de equipamiento y cronometraje electrónico para las disciplinas de atletismo y ciclismo por Bs 4.745.000 y la de equipamiento deportivo para boxeo, karate, taekwondo y esgrima, por Bs 3.100.000.

En cambio para los otros dos contratos que se adjudicó con Codesur esta firma cochabambina sí tuvo oponentes, pero los montos en pugna eran menores: la adquisición de equipos para levantamiento de pesas por Bs 1.249.000 y la compra de equipos para el golf, por Bs  99.906.

Las observaciones corresponden al senador Óscar Ortiz y al asambleísta opositor José Luis Santistevan. Según ellos, no es lógico que una empresa unipersonal de venta de servicios  que declaró en sus inicios, hace 16 años, un capital que equivale al 0,85% del monto total que se adjudicó hoy en cinco contratos con Codesur, los consiga por invitación directa. Más aún cuando en tres de los cinco figura como único proponente y cuando existen otras firmas que podrían competir. 

En su descargo, la empresa dice que cumplió sus compromisos satisfactoriamente y eso prueba que la contratación se justifica. Y si la firma consiguió acumular más capital, las empresas cada año deben renovar su matrícula y, al tiempo de hacerlo, declarar ese dato como declaración jurada. El esposo de Camacho indicó que no maneja la parte contable y que “no sabía” si eso se hizo.

El abogado y exmagistrado Iván Lima explicó que los bancosdeben emitir boletas de garantía a las empresas en caso de suscribir contratos de este tipo, “y es más difícil que se la den a una firma unipersonal con un capital pequeño”.

Codesur no pidió las boletas de garantía a esta empresa para las tres adjudicaciones más grandes, pero sí lo hizo solo en los dos más pequeños, y acotó que para él eso prueba la discrecionalidad con la que se manejó el caso.

Lima acotó que “no haber pedido boletas de garantía de cumplimiento y ejecución del contrato no cumple los principios de las normas de contratación boliviana”.

Sentenció que el Estado debe ser prudente al contratar. “Cuando las normas nos piden sentido común, aquí vemos que hay una desproporción exorbitante entre el capital inicial y el monto de los contratos y esto no parece regular”. 

Ortiz resaltó que el objeto no es el comercio, “es una empresa de servicios, eso está claro, no puede vender nada material” y Santisteban lamentó que no hubiera tenido competencia. “No se extremaron esfuerzos para invitar a otras empresas, y esa es una violación al Decreto 181 de normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios”, expresó.

En el documento del registro de comercio, la oficina de esta empresa tiene como dirección la urbanización El Mirador, la misma donde vive y guarda detención domiciliaria el alcalde José María Leyes, en la zona norte de Cochabamba. 

Lo dirigió a la parte lateral de la casa. Lo invitó a pasar por una puerta y en ese lugar, ya en el interior del edificio estaba un escritorio. Inmediatamente ingresó a ese ambiente su esposo, Sergio Gutiérrez. Él saludó y señaló que esa era la oficina de la empresa.

“No sé por qué nos critican, trabajamos juntos en importaciones desde 1996, antes de casarnos. La empresa es de mi esposa, la inscripción en Fundempresa fue posterior (2002), pero no somos improvisados, no nos constituimos para vender insumos a los Juegos. Somos la única empresa, y lo decimos con humildad, capaz de dotar material deportivo de empresas internacionales que proveen a los juegos olímpicos”, explicó.

Gutiérrez fue atleta, aún ostenta el récord nacional en la prueba 400 metros vallas, pero aseguró que eso no influyó, porque advirtió que no tiene una relación directa con los organizadores y que el año pasado la compañía participó en la feria de empresas.

El director de Codesur, Juan Manuel Chevarría, explicó que Distribuidora de Servicios está legalmente constituida, “no solamente trabaja con nosotros, sino también con las alcaldías de La Paz, Cochabamba y tuvo 19 contratos deportivos con la Gobernación de Santa Cruz en ámbito deportivo”.

Subrayó que todo lo que se critica “es un tema político”.  Explicó que en la elección de empresas, Codesur se basó en hacer contrataciones directas, pero basadas en la experiencia de la gente. “Profesionales que contaban con recomendación, recurrimos a gente especializada en distintos deportes”.///