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Carlos Mesa no se guardó nada. El ex presidente y actual vocero marítimo se declaró inocente en el caso Odebrecht, apuntó a las gestiones de sus sucesores Eduardo Rodríguez y Evo Morales, basado en informes de Brasil, y volvió a calificar la investigación del oficialismo como una estrategia de “demolición política” de su imagen.

“Yo, Carlos Diego de Mesa Gisbert, como presidente de Bolivia en el periodo 2003-2005 puedo afirmar categóricamente que no estuve vinculado ni directa ni indirectamente en recibir absolutamente un centavo ni de esta ni de ninguna otra operación que hubiera llevado adelante el Estado boliviano”, manifestó.

Acudió al Senado a declarar frente a la Comisión paralela que la oposición conformó para investigar el entramado de corrupción de la constructora brasileña habría extendido al país con pagos de sobornos y coimas a altos funcionarios gubernamentales, como hizo en otros países de la región.

Por un lapso aproximado de 120 minutos, Mesa compareció ante asambleístas opositores y acompañado de su abogado y ex viceministro de Justicia, Carlos Alarcón, respondió a cada pregunta, abundando en detalles sobre lo que fue su gestión en el tema referido a licitaciones de obras de infraestructura vial, como las que investiga ésa y la Comisión Mixta encabezada por Susana Rivero (MAS).

Aseguró que los sobornos a los que hace referencia el Movimiento Al Socialismo (MAS) se presentaron en los gobiernos de Rodríguez Veltzé y Morales Aima.

La semana pasada, la diputada Rivero sostuvo que "según el informe de la operación Castillo de Arena, la Policía Federal de Brasil y la Superintendencia Regional en San Pablo, el 18 de agosto de 2004, desde Brasil, se realizó el pago del soborno de $us 158 mil dólares a una persona con las iniciales C.M.", ligando a Mesa con la recepción de esas coimas.

Mesa la desmintió y aseguró que esos pagos y cobros se ejecutaron mucho tiempo después de que él fuera Jefe de Estado.

“El 19 de septiembre del 2005, por lo menos los sobornos están registrados así. Yo había dejado la presidencia el 9 de junio del 2005 y cuando se registra el último soborno, es el 20 de agosto del 2008, mucho tiempo después de que yo hubiese dejado la Presidencia. Considero en consecuencia que la investigación debe plantearse en los periodos de septiembre del 2005 a agosto del 2008”, afirmó.

Rodríguez Veltzé –actual agente boliviano en la CIJ de La Haya– gobernó Bolivia entre el 9 de junio del 2005 y el 22 de enero del 2006. Desde esa fecha, Morales Aima lleva el mando del país y busca su reelección por quinta vez consecutiva.

También manifestó que no tiene ninguna cuenta en el exterior y que todos sus depósitos bancarios están en el país y los comparte con su esposa.

Sin embargo, dijo estar dispuesto a que las autoridades revisen su historial de movimientos financieros. Además, exteriorizó su plena confianza en los ministros que designó en su gestión.

“Estoy plenamente abierto a que se me vuelva a investigar todos mis movimientos financieros bancarios desde el tiempo que se quiera y que considere oportuno”, desafió, recordando que el Gobierno y la Fiscalía ya lo hicieron en 2011.

Reiteró que está dispuesto a ser investigado e insistió en que hay una estrategia de “demolición política a su imagen” por parte del Gobierno, ante el temor que según él tiene el Jefe de Estado.

"Ya he dicho mi palabra", respondió cuando fue consultado por enésima vez si será candidato en 2019. Ratificó que no será adversario de Morales, pero calificó su candidatura como "ilegal".

Explicó que, como cualquier ciudadano, tiene derecho de aspirar a una candidatura, pero consideró que no era momento de hablar de política. "Para mí es obvio que hay una estrategia de demolición política", insistió sobre los procesos que ahora le siguen.

“Estamos llegando en un punto en el que parece un delito que uno quiera ser candidato y la judicialización de la política se ha convertido en una norma para anular a quienes considera porque, su subjetividad así lo plantea, son posibles adversarios en una candidatura ilegal del presidente Morales. Ilegal”, enfatizó.

Mesa es investigado por el caso Odebrecht en la Asamblea Legislativa y se le activó un proceso por Quiborax, que corre trámite velozmente en la Fiscalía General. Sostuvo que ambos procesos "son una vergüenza" y manifestó que está "indignado" por la forma en la que procede la justicia.

Sobre la investigación de la constructora brasileña, además de defender su inocencia ante la Comisión paralela y luego ante la prensa, también tuvo palabras para sus “más estrechos colaboradores, es decir en los ministros de Estado a quienes nombré personalmente”, brindándoles su “plena confianza”. Aunque admitió que “sería una absoluta locura que yo le diga, sí puedo dar fe de que ninguno de los 150 o 180 mil funcionarios de mi gobierno están libres de responsabilidad”.

En el caso Quiborax –la reversión de concesiones mineras a la firma chilena de ese nombre, que significó un juicio internacional y un pago millonario para el Estado– señaló que tras realizar la investigación, el Ministerio Público debería archivar la denuncia de la Procuraduría General de Estado.

Finalmente, también insistió en su apertura a la investigación de la Comisión Mixta, que anunció que indagará sus 22 viajes a Lima (Perú) y San Pablo (Brasil), aunque considera que tiene una actuación “política y sesgada”.No se sabe cuándo lo convocarán a dicha instancia legislativa.

Hasta ayer, el ex Jefe de Estado no había declarado por el caso Odebrecht más que ante algunos medios de comunicación y mediante su blog y redes sociales. Fue su primera comparecencia en el Senado ante una comisión legislativa.///