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El senador potosino por Demócratas, Edwin Rodríguez, advirtió ayer que en la lógica de procesar a Carlos Mesa por el tema Quiborax, y en caso de que el país pierda el laudo ante el Ciadi, por la nacionalización de Vinto, se tendrá que procesar al presidente Evo Morales.

"Se quiere procesar al expresidente Mesa por recuperar el Salar de Uyuni vía decreto, por la supuesta afectación al Estado y si se pierde el laudo planteado por Glencore Finance por la nacionalización de Vinto, se tendrá que actuar de la misma forma con el presidente Evo Morales", remarcó el senador.

Rodríguez apuntó que el Gobierno nacional a través del Decreto Supremo 29026, del 7 de febrero de 2007, nacionalizó el Complejo Metalúrgico Vinto.

Ante ello, el 19 de julio de 2016, la empresa Glencore Finance (Bermuda) entregó la notificación de un arbitraje de su subsidiaria Glencore International PLC por la reversión al Estado de los complejos metalúrgicos Vinto - Estaño, Vinto Antimonio y el control del Centro Minero Colquiri demandando el pago de 675.7 millones de dólares.

El entrevistado explicó que ese no es el único caso. Pero argumentó que es un ejemplo de que Evo Morales no recurrió a los procedimientos administrativos para anular contratos y optó por un decreto supremo para nacionalizar una planta de refinación de estaño.

Rodríguez añadió que lo propio pasa con un yacimiento minero que se encuentra en el departamento de Potosí y es el de Mallku Khota que, en julio de 2012, fue nacionalizado por el presidente Evo Morales, a través del Decreto Supremo 1308.

Apuntó que la empresa South American Silver Limited planteó ante el Ciadi una demanda por la reversión de 10 concesiones mineras del yacimiento Mallku Khota mediante Decreto Supremo exigiendo el pago de 385.7 millones de dólares como compensación por esa acción estatal.

Otra demanda que fue planteada por la afectación de intereses empresariales vía decreto sería de la British Petroleum  (BP) por la nacionalización de Air Bp, en mayo de 2009, mediante Decreto Supremo 111.

Se hizo conocer que Abertis Infraestructuras, de España, interpuso una demanda arbitral contra el Estado boliviano por una decisión de la ex Superintendencia de Transportes de frenar un alza de tarifas en los aeropuertos del país entregados en concesión y posteriormente nacionalizados.

El senador de Demócratas anunció que impulsartá una investigación de cada uno de los procesos de recuperación de recursos naturales vía decreto y si esos casos llegaron al Ciadi y en qué fase se halla el laudo.///