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El jefe de bancada del MAS David Ramos informó que el voto de confianza y de aprobación de la Asamblea Legislativa a las gestiones de la Procuraduría General del Estado en el caso Quiborax, serán enviados a la Fiscal General Ramiro Guerrero, para que tome en cuenta en la proposición acusatoria del juicio de responsabilidades contra el expresidente Carlos Mesa.

Dijo que la interpelación fue un acto público, a nivel nacional, y esperan que el Fiscal Guerrero lo asuma de manera responsable y presente sus conclusiones, porque durante la exposición de los ministros de Justicia y Minería, se ha demostrado que el Salar de Uyuni fue loteado por los neoliberales para entregaren, este caso, a la chilena Quiborax.

Espera que la investigación de la fiscalía determine los grados de responsabilidad de los funcionarios que hubieran participado en el proceso de reversión sin cumplir los requisitos que exigía la misma ley.

Manifestó que da pena ver a un Carlos Mesa eludiendo explicar por qué no cumplió su propia ley, dando lugar a que la empresa inicie un arbitraje internacional donde el Estado perdió 42.6 millones de dólares.

El diputado Lino Cárdenas (MAS) dijo que no hay duda que Carlos Mesa está involucrado porque la irregularidad que ha cometido es insalvable y ningún abogado del mundo podría decir que no existe el decreto supremo ordenando la revocatoria de una concesión minera, cuando el Código de Minería no contempla esa figura, sino la caducidad y nulidad previo procedimiento.

“Ante eso qué abogado del mundo podría defender el caso si la prueba está ahí y está escrita, no hay forma defender al Estado. El gobierno hizo todos los esfuerzos, no se pudo porque hay una prueba contundente; ante eso nuestra visión es que se debe acusar, procesar y se lo debe sancionar a Carlos Mesa”, declaró a Erbol.

Explicó que no será la primera vez que un funcionario del Estado, que comete errores, sea sancionado y por eso la Constitución Política del Estado, contempla el intituto jurídico  de la repetición para que el funcionario que causó daño al Estado, devuelva el dinero.

Para el senador opositor Edwin Rodríguez la “interpelación entre compañeritos del MAS” tenía el objetivo de legalizar los instrumentos, documentos y pruebas necesarias para iniciar el proceso a Carlos Mesa, tal como lo advirtió él mismo.

Rodríguez cree que está clara la intención del oficialismo de forzar un proceso judicial sin investigar los elementos de la mala defensa jurídica de la Procuraduría General.

Dijo que el pueblo debe saber que no fue Carlos Mesa quien perdió el juicio, sino el Gobierno que no tuvo la capacidad defender al país y como  perdieron, deben echar la culpa al expresidente, con la intención de fondo que es descabezarlo políticamente.///