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“Quiero declarar que la decisión del Fiscal General del Estado de abrir una acusación en mi contra y ponerla a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional, es la confirmación de lo que está viviendo Bolivia en su democracia. La criminalización de la política, confirmada a través de este mecanismo, que sustituye la dictadura de botas y de chateras, de tanques y ametralladoras, por la persecución judicial a título de investigación y cargas al Estado”, indicó Mesa en una rueda prensa en la ciudad de La Paz.

Después Mesa dijo que los verdaderos culpable de las perdidas con el caso Quiborax son el ministro de Justicia, Héctor Arce y del procurador  General, Pablo Menacho.

Dijo que la resolución del Ministerio Público ratifica la intención de romper con la democracia del Gobierno, que comenzó con el fallo del Tribunal Constitucional de noviembre de 2017 y ahora continúa con el inicio la proposición de juicio de responsabilidades contra él.

Adelanto que la acusación de la Fiscal será “pasado en tiempo récord a la Asamblea Legislativa Plurinacional” y acotó “no me sorprendería que a fines de agosto el Legislativo pase al Tribunal Supremo de Justicia y se me inicie el juicio de responsabilidades”.

La nacionalización de la empresa Quiborax fue ejecutada en 2004. La empresa chilena inició un proceso contra el Estado en 2006  y consiguió un fallo a su favor en mayo de 2018, por el cual se le debía indemnizar con 56 millones de dólares. En una negociación el Gobierno pagó 42 millones de dólares de manera inmediata en junio pasado.

El ministro Héctor Arce, acusó a Carlos Mesa de ser autor de esta pérdida de dinero al Estado y mediante el Procurador General, presento una acusación ante la Fiscalía.///