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El Gobierno lanza duras críticas al expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, que deberá afrontar un juicio de responsabilidades por el caso Quiborax. Lo califican de "wawa engreída" y le piden que "deje de hacer política de plaza" y responda jurídicamente a la acusación.

"Carlos Mesa tiene un pequeño complejo de superioridad del yo personal, dice 'yo que soy el vocero', está entrando al papel de la autovictimización y para la edad que tiene, y la experiencia en medios de comunicación, no puede seguir actuando como una wawa engreída y malcriada", sostuvo el ministro de la Minería, César Navarro.

Mientras que la ministra de Comunicación, Gisela López, sostuvo: "Mesa confunde adrede los datos. El juicio que le inició la Fiscalía no es por el 21F, es por los 42,6 millones de dólaresque nuestro país perdió por su aberrante violación de normas que benefició a una empresa chilena. Deje de hacer política en la plaza y defiéndase en el juzgado". 

Por su lado, Navarro agregó que solo falta que el exmandatario "aparezca (como) el abanderado del 21F (risas). Dice que 'yo que soy el vocero del mar', cuando el presidente Evo Morales ideó esa demanda y los invitó. No es que él sea el iluminado, quiere quedar como buen tipo en todo".

Ayer el expresidente sostuvo que será militante activo de la defensa de los resultados de del referendo de 2016 y que no renunciará a la vocería del mar. Además, considera que no es acusado sino acusador de los verdaderos responsables de la derrota nacional en el laudo arbitral frente a la empresa Quiborax.

Mesa advirtió que "quieren electoralizar este proceso y quieren establecer una lógica de decir: 'a ver, quién enfrenta a Evo Morales en las elecciones de 2019'. Nadie enfrenta a Evo Morales porque no puede ser candidato. Lo que tenemos que hacer es defender democrática y militantamente el 21 de febrero y hacerlo con convicción". 

El exmandatario es sindicado por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; incumplimiento de deberes; y conducta antieconómica por la forma en la que expulsó en 2004 a Quiborax, consorcio chileno que operaba en el salar de Uyuni.///