Anuncian juicio contra Quiroga y exlegisladores por dividir salar de Uyuni para concesiones mineras
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Víctor Borda, anunció el viernes que se iniciará un juicio de responsabilidades contra el expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga (2001-2002) y contra exlegisladores de la Asamblea Legislativa que aprobaron una norma para dividir el salar de Uyuni, lo que permitió la concesión a la empresa minera Quiborax-Non Metallic Mineral.
Borda explicó que en abril de 2002 el gobierno de Quiroga promulgó el Decreto Supremo 26574 que convalida el perímetro de la costra salina del salar de Uyuni conforme a la delimitación del Servicio Nacional de Geología y Minería, asimilado al sistema de cuadrícula minera por el Servicio Nacional Técnico de Minas, en sujeción a la Ley 1854, que declaró reserva fiscal a ese recurso natural.
"Vamos a pedir un proceso contra Jorge Tuto Quiroga, en su condición de expresidente de la República el 3 de abril de 2002 ha emitido el decreto supremo por el cual ha consolidado esta división del salar de Uyuni, este loteamiento del Salar de Uyuni, Acá está el decreto por el cual ha convalidado la ley 1854. Aquí ha existido un tráfico de influencias", explicó en conferencia de prensa.
Dijo que se procesará también a los legisladores Gonzalo Valda, Edgar Lazo y Jhonny Plata Chalar porque fueron los proyectistas e impulsaron la Ley 1854.
"Para que nos expliquen cual ha sido el motivo factico, jurídico, por lo cual han promulgado la ley que ha dividido el salar de Uyuni", refrendó.
Borda anunció que la siguiente semana presentará una denuncia formal a la Fiscalía General del Estado contra Quiroga y los exlegisladores por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y daño económico al Estado.
El diputado del MAS pidió que se investigue si hubo tráfico de influencias o sobornos de por medio para que la empresa chilena se adjudique 11 concesiones mineras del salar de Uyuni.
La empresa Quioborax explotaba ulexita en el salar de Uyuni, cuando el expresidente Carlos Mesa anuló sus concesiones sin cumplir procedimientos que su mismo Gobierno aprobó y que derivó en un juicio en el que el Estado perdió 42,6 millones de dólares.////
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