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El caso del jet de lujo estacionado desde abril del año pasado en el aeropuerto El Trompillo aún tiene mucha tela que cortar. En las últimas horas, el abogado de los dueños del jet SuperMid-Size Gulfstream GIII (con placa de control N557 JK), Omar Durán, denunció que supuestos funcionarios de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) y de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) le estafaron alrededor de $us 70.000, haciéndole creer que la nave se encontraba en orden en suelo boliviano.

“Con la prueba pertinente y el poder que me envíen los dueños,voy a iniciar acciones por apropiación indebida, estafa, hurto, por diferentes situaciones contra los autores de haberle cobrado alrededor de $us 70.000. Además, contra la Aduana y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), vamos a abrir un proceso por apropiación indebida”, anunció el jurista.

Estas personas que estarían trabajando dentro del aeropuerto El Trompillo de Santa Cruz, se habrían hecho pasar por personal de la Aduana o decían que tenían contactos con la DGAC. El cobro se habría realizado desde principios de este año.

La llegada de la nave

La nave, que aterrizó en Viru Viru el 7 de abril del año pasado, procedente de la isla mexicana de Cozumel, debía partir a otra ciudad de México dos días más tarde. Global Exec Aviationcontrató los servicios de la empresa Pike Aviation para que tramite el ingreso y salida del avión.

Pero por razones técnicas postergó dos veces su salida del país hacia México y pidió prolongar su estadía una tercera vez. Luego de eso, la DGAC pasó la información a la Aduana, entidad que luego de un proceso confiscó la nave y la traspasó al Ministerio de la Presidencia.

Ingreso legal

El abogado Durán dijo no entender cómo un avión que entró legalmente a Bolivia, que pagó facturas y que en enero la Aduana le aseguró que no tenía ninguna cuenta pendiente, al final resulta confiscado por las autoridades bolivianas.

“Ese avión quedó en Bolivia porque tuvo una falla técnica. No cualquier mecánico puede arreglar ese avión. Por normas internacionales, debe repararlo un mecánico especializado que no había en el país. Estaban esperándolo y lo tenían que traer del exterior”, reveló.

Pero para el abogado, la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, “es una víctima más del general Celier Aparicio (director de la DGAC), quien le hizo meter la pata a Ardaya dándole a conocer que se podía realizar la incautación del avión”.

Aseguró que solo espera el poder de los dueños, que por el momento y por estrategia legal solo dio el nombre de “Ricardo” como uno de ellos, y de José Luis Burbano Donoso, como uno de los representantes para iniciar las medidas legales y exigir la devolución del vehículo aéreo, que tiene un costo actual de alrededor de un millón de dólares.

Empero, dijo que dejaba en primera instancia la alternativa de un acto conciliatorio con la Aduana, ofreciendo el pago de las deudas que corresponden. Y en el peor de los casos, Durán advirtió con una denuncia internacional.///