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El presidente del Concejo Municipal de Colcapirhua, Wilmer Jaillita, presentó ante la Fiscalía una denuncia penal contra el alcalde de ese municipio, Mario Severich, por el desfalco de 675.370 bolivianos, de propiedad municipal registrado en 2016.

"En cumplimiento del mandato de los concejales, quienes me acompañan en esta oportunidad, la denuncia es contra nuestra máxima autoridad ejecutiva", dijo Jaillita durante la presentación del documento en el Ministerio Público.

Según el concejal, la querella pide que la autoridad edilicia sea procesada por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

Explicó que ese caso fue conocido mediante dos dictámenes emitidos el 26 y el 28 de junio por la Contraloría General del Estado, luego de una revisión de los estados financieros de la Alcaldía de Colcapirhua, de la gestión 2016.

"Los estados financieros establecieron que los ingresos del mes de diciembre de 2016 reflejaban 735.841,15 bolivianos y realizando un arqueo en caja sólo existía 60.471 bolivianos. O sea que existe un faltante", detalló.

Dijo que los dictámenes hicieron que el Concejo Municipal de Colcapirhua emita el viernes pasado la resolución 31/2018, que aprueba que sus nueve miembros sean parte querellante en ese caso.

Sin embargo, manifestó que una investigación preliminar determinó que el cajero municipal, Juan Vidal Coca, se apropió de los fondos edilicios, devolvió una parte y cumple una detención preventiva desde marzo en la cárcel San Pablo, de Quillacollo, por los delitos de peculado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Jaillita anunció que el Concejo Municipal planteará, en los próximos días, una demanda civil para la ejecución de un proceso coactivo que logre la recuperación total del dinero desfalcado.

"Estamos en plazo para preparar el documento respectivo", manifestó.

La autoridad edilicia dijo, finalmente, que la atención de una segunda denuncia adicional está pendiente porque falta un dictamen de la Contraloría General del Estado, que se refiere a un faltante de más de 2,2 millones de bolivianos en las arcas de la Alcaldía de Colcapirhua, que data de 2015.

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Incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes son los tres delitos por los que denuncian al Alcalde.///