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Temeroso, dubitativo, apenado, así se encuentra Jhiery Fernández, el médico que fue acusado y sentenciado a 20 años de cárcel por el delito de violación en el caso del bebé Alexander. Por instrucciones de la Gobernación de la cárcel de San Pedro, el galeno no puede hablar con los medios de comunicación. 

Para ingresar hasta donde está Fernández, se tuvo que pasar por dos puestos de seguridad donde los policías verifican que no se ingresen objetos peligrosos ni sustancias controladas.

Una vez que se llega hasta el patio de la zona conocida como La Posta, donde se encuentra el galeno desde hace cuatro años, viene un ‘taxi’ (recluso que hace las veces de portavoz por algunos ‘quintos’) y pregunta a quién se busca. Jhiery ya se encontraba con su abogado, el diálogo con el jurista fue muy breve, minutos después se acercó temeroso.

“¿Con quién vas a hablar? ¿Lo conoces?”, increpó un sargento al médico.

Ante la consulta, que sonaba como amenaza, el galeno solo atinó a afirmar con la cabeza que deseaba hablar.

“Quiero contar lo que realmente pasó, pero mi vida ahora está en riesgo”, fue lo primero que afirmó el médico, mientras a su alrededor era imponente la dura vigilancia del policía, que minutos atrás le había preguntado si conocía a su interlocutor.

“No puedo hablar, intentaré gestionar una conferencia de prensa para la próxima semana”, añadió el galeno, que según los audios donde hablaría la jueza Patricia Pacajes tuvo que ser culpado por presiones que el tribunal que presidía recibió para obtener un culpable por el proceso que conmocionó al país.

Antes de despedirnos y concluir con esta breve visita al penal paceño, luego de sentir el apretón de manos de Jhiery, uno se puede dar cuenta de que está golpeado anímicamente.

Al mirarlo un poco más detenidamente, uno puede percibir que lleva la misma ropa puesta hace ya varios días y, además, se nota que no ha podido ser lavada. Fernández vestía una gorra azul, una chompa larga y un pantalón deportivo.

Antes de alejarse de nosotros, el sargento, que no se retiró de su lado en ningún momento, hizo un ademán con la mano, que bien pudo ser interpretado como: “Cuando no haya nadie hablaremos”.

Antes de salir del reclusorio, los custodios del penal se percataron del ingreso de este medio de comunicación, lo que provocó un susto entre los agentes, que llamaron a un oficial de mayor rango para que los ayudara.

“En vez de ayudar a Jhiery lo vas a perjudicar, él sabe que no debe hablar con la prensa, no entiendo el objetivo del porqué están aquí. Ustedes saben que el detenido no puede hablar”, sentenció el oficial de policía, antes de permitirnos dejar la cárcel y sin exhibir alguna determinación judicial que respalde la decisión de que Fernández no hable, ya que al estar preso él solo perdió su derecho a la locomoción y ningún otro establecido en las leyes.

Mientras se cerraba esta cita, casual y con custodia permanente, los familiares y los amigos del galeno marchaban en los predios de la Fiscalía exigiendo justicia para el médico.

Un par de horas antes de este encuentro, se hizo pública una carta que entregó Fernández al diario Página Siete y a la red ATB, en la que acusó a tres fiscales y a tres jueces de ser los autores del “peor crimen que se ha podido cometer, sentenciar a un inocente”.

En la misiva, escrita a mano y en hoja de papel cuadriculado, Fernández cuenta que vivió la peor pesadilla al ser acusado de violación. Además, dijo que durante las audiencias pudo ver el servilismo de un par de fiscales. Además, identificó como autor intelectual de su sentencia al fiscal general, Ramiro Guerrero, y como autores materiales al fiscal departamental Edwin Blanco y la fiscal de materia Susana Boyán. Asimismo, mencionó como coautores a los jueces Patricia Pacajes, Roberto Mérida y Gladys Guerrero, miembros del tribunal que lo sentenció.

Todos piden investigar

La secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia, Segundina Flores; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, José Antonio Revilla, y el comandante nacional de la Policía, Faustino Mendoza, coincidieron en indicar que la investigación del audio filtrado de la jueza Pacajes sea más ágil y así se pueda conocer la verdad de lo sucedido.

Además, el representante nacional de la Defensoría del Pueblo, David Tezanos, indicó que en el caso del bebé Alexander no hubo violación y precisó que sí existió negligencia médica. “Las pruebas científicas y otras de descargo desatendidas y otros hechos evidencian presión de autoridades para poder cerrar el caso con un culpable”, señaló.///