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Los medios de comunicación televisivos, radiofónicos y escritos deberán ceder de manera obligatoria y gratuita espacios al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que esta institución los destine a la difusión de propaganda electoral de los partidos y alianzas políticas, según el artículo 74 de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), que fue aprobada el pasado 1 de septiembre.

Ante ello, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) consideró que esta medida es una “nueva agresión financiera” contra los medios.

El parágrafo II del artículo 74 señala que “en períodos electorales, los medios de comunicación audiovisuales e impresos que se habiliten para la difusión de propaganda electoral cederán gratuita y obligatoriamente al Órgano Electoral Plurinacional la misma cantidad de espacio y tiempo que éste les contrate para la implementación del fortalecimiento público”.

En su parágrafo III, el mismo artículo señala que el OEP destinará el tiempo y espacio contratado y cedido por los medios de comunicación a las organizaciones políticas que correspondan de acuerdo a los criterios de distribución establecidos en el artículo 75 de la LOP.

La norma, en su artículo 69, establece un financiamiento mixto de las organizaciones políticas constituido por financiamiento privado con restricciones y fortalecimiento público.

El privado está constituido por aportes, contribuciones y donaciones; mientras que el fortalecimiento público consiste en subvenciones indirectas en periodos electorales para el acceso a propaganda en medios de comunicación e impresos en elecciones generales y departamentales, y para la capacitación de dirigencias y militancia en años no electorales.

Por tanto, de acuerdo al mencionado parágrafo II del artículo 74, los medios de comunicación deberán ceder de manera obligatoria y gratuita la misma cantidad de espacio que el OEP les contrate para la implementación del fortalecimiento público.

Al respecto, la ANP rechazó este artículo porque se considera una agresión financiera que, sumada a otras normas, golpea más a la economía de los medios.

“La ANP considera como una nueva agresión financiera a la norma que se suma a las 12 leyes y decretos que obligan a los medios de comunicación a difundir campañas estatales de manera gratuita”, señaló la institución, consultada al respecto.

“En la práctica, los medios están pagando un tributo en especie, una medida abiertamente orientada a debilitar a las empresas periodísticas”, apuntó la ANP.

Por su parte, el analista político y experto en temas electorales Ricardo Paz dijo que el Tribunal Electoral deberá elaborar un reglamento específico sobre el financiamiento y propaganda para las primarias de 2019.///