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El exsecretario de Desarrollo Humano y actual asesor del Despacho de la Alcaldesa, Andrés Cuevas, tiene dos procesos en su contra: por la recepción de 22 ítems para el proyecto Ciudad Segura, y el caso mochilas.

Decidió referirse al tema porque considera que son muchas las imprecisiones y acusaciones no fundadas que hay en su contra y que eso está dañando su imagen, su profesión y a su familia.

Identificó en la Alcaldía a dos tipos de funcionarios: los que se subieron al carro de la irregularidad, y los que son víctimas. Llamó a que digan la verdad y todo lo que saben.

Aseguró que aún no fue convocado a declarar, pero que lo hará “las veces que sean necesarias. Espero que la Justicia llegue hasta los culpables. En tanto, hay que seguir trabajando”. 

Prefirió recurrir a la cronología para relatar lo que pasó. 

Llegó a la Alcaldía, después de ser representante de la Defensoría del Pueblo. Fue invitado por el alcalde, José María Leyes, como secretario de Desarrollo Humano, el 28 de enero de 2016. “Yo también tenía la esperanza puesta en una gestión nueva. Sabía que podía aportar porque soy servidor público y sé hacer proyectos”.

“Una de las primeras cosas que me llamó la atención es de que no me dejaron cambiar el personal que yo había pedido, profesionales idóneos que trabajaban conmigo. En ese momento conocí a los funcionarios que desempeñaban ya cargos como Andrea García, Rolando Nogales, Velca Krellac. Eran las tres direcciones que estaban dentro de la Secretaría de Desarrollo Humano”. 

“Cuando entré, el Plan Operativo Anal (POA) para la gestión ya estaba elaborado desde octubre de 2015.

Entonces yo no conocía el tema, por ejemplo, de las mochilas (presunto sobrepecio). Al final nosotros asumimos ese desafío con todo lo programado y en el caso del famoso proyecto Ciudad Segura, considerado el plan estrella de la gestión”

El proyecto Ciudad Segura no estaba en el POA 2016, pero luego apareció con presupuesto, que según se denunció fuer transferido de diferentes ítems.

En junio, recibió la Resolución Ejecutiva 164/2016 firmada por el Alcalde instruyéndole que vaya a México para participar de un congreso latinoamericano de Seguridad Ciudadana organizado por una red latinoamericana.

“Fue el primer y el único viaje que hice como secretario en misión oficial. La instrucción era traer resultados que puedan después ser replicados. En esta comisión de viaje estuvieron dos personas más: el director de Sistemas, Marco Bascopé, y el secretario de Finanzas,Diego Moreno Barrón. Imagino que me mandaron a mí por ser secretario del área. Pero no sé, y tampoco pregunté, sobre ¿cuál era el motivo de la presencia de Diego Moreno Barrón en el viaje?”. 

Se trató de un evento muy grande. Hubo 800 personas con tres días de ponencias sobre seguridad.

“Al retorno, presentamos un informe al Alcalde de toda la información obtenida para que se empiece a elaborar un proyecto. Cabe aclarar que en ese primer momento no había un proyecto ni diseño. Tal vez existía la idea, pero no había el proyecto como aseguró el Viceministro de Lucha Contra la Corrupción. Al Gobierno se le olvida decir que Cochabamba  no ha ido sola a ese congreso, también fueron funcionarios del Ministerio de Gobierno, así como la Alcaldía de La Paz. Nosotros no hemos ido, como se trata de hacer ver, para encerrarnos en un cuarto y negociar. Eso es totalmente falso, molesta e indigna la falta de objetividad”.

“Posteriormente, el proyecto se empezó a elaborar y fue lanzado como el programa estrella de la gestión de Leyes. Incluso el propio Ministro de Gobierno se hizo presente para apoyar la iniciativa”.

Hasta 2017 éramos el único municipio de Latinoamérica que contaba con una red propia LTE 4G de propiedad de un gobierno municipal y se debía dar utilizada. El proyecto Ciudad Segura tenía tres fases: la compra del equipamiento, la implementación, la instalación del centro automático de despacho donde está emplazado el monitoreo.

Cuevas afirmó que en este proceso es señalado por ser parte del Comité de Recepción del equipamiento. “Pero aquí hay que las asignaciones para las diferentes comisiones propias del Responsable del Proceso de Contratación (RPC). El RPC era Diego Moreno. En este caso, lamentablemente me designa a mí. La comisión de recepción es la última parte del proceso. No influye en la contratación. Lo único que hace es recibir todo lo que el proveedor se ha comprometido a entregar”.

La recepción se hizo en dos lotes. En noviembre 2016, con 22 ítems y el segundo, con 10 ítems, en febrero de 2017. “El primer lote, si bien tenemos 22 ítemes cada uno tiene muchos elementos. Por ejemplo, el ítem cámaras contiene 200, otra con 29 radiobases, 29 torres. Estamos hablando de que la comisión de recepción recibe más o menos alrededor de 1000 ítems que nosotros verificamos y revisamos en número, pero en el informe presentado al RPC le decimos que hemos hecho la recepción, pero recomendamos que se vea la calidad en la instalación.

Eso está por escrito. Para la recepción también se contrató a una consultora con más de seis profesionales”.

Aseguró que “hay muchos funcionarios, me incluyo, que nos sentimos utilizados por el mal manejo de la administración pública de esta gestión. Nos consideramos víctimas y perseguidos por la Justicia como si nosotros tuviéramos algo que ver en este proceso. Creo que ha sido el mismo proceso de investigación que ha hablado de asociación delictiva, de organización criminal”.

“También hay funcionarios que hemos sentido la falta de apoyo de nuestra propia institución. Funcionarios que hemos sufrido juntamente con nuestras familias esos arrebatos de injusticia”, dijo.

“Hay también funcionarios que han apoyado a que se hagan cosas irregulares y han habido otros que hemos sido mal utilizados para que otros saquen ventaja”, señaló.///