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La jueza de Instrucción Cautelar 2, Rosario Orozco, dictó detención domiciliaria para el abogado Jhasmany T.L., quien es imputado por los delitos de organización criminal, robo agravado, coacción y privación de libertad contra su padrastro.

Según la imputación presentada por el Ministerio Público, en audiencia cautelar, la víctima fue obligada a firmar por el pago de una supuesta deuda de 100.000 dólares mediante golpes, torturas, toques eléctricos y bajo amenazas de muerte, además de ser apuntado con arma de fuego.

Asimismo, refiere la víctima que a su vivienda ingresaron entre 13 a 15 personas, cuyo líder sería el abogado Jhasmany T.L., quien luego de concretar la firma, le quitó su casa, un vehículo y el dinero que llevaba.

El acusado negó estos hechos y señaló que, a la muerte de su madre, él y sus hermanos no gestionaron ningún acto para heredar la vivienda.

“Es mi padre que me busca y me pide ayuda. Me dice ‘hijo, yo te voy a hacer declarar heredero’. Nos es posible que diga que le he quitado cuando él me hizo heredar”.

Señaló que la finalidad que tenía era “frenar la susceptibilidad” ya que sus hermanos no son hijos de él. “Quería evitar que le quiten, le boten y le excluyan de la herencia”.

Por su parte, la fiscal del caso, Faridy Arnez, señaló que el Ministerio Público evidenció una resolución no verificable en la ley, ya que la jueza determinó que se incurran en todos los riegos procesales que fueron fundamentados en audiencia.

“Estamos hablando de riesgos de fuga, obstaculización, así como riesgo para la propia víctima, pese a se evidenció de que existen los riesgos procesales y que existe la probabilidad de autoría del imputado”.

Dijo que la jueza determinó esta medida bajo el criterio de que el acusado estaría en un estado convaleciente. Jhasmany T.L se sometió a una cirugía de rodilla hace 25 días.

Agregó que lo contradictorio de esta determinación es que la jueza fundamentó en audiencia que la situación y el estado que alega tener el acusado no está acreditado en el certificado forense que presentó el Ministerio Público.

“Pese a que la juez observa y dice que no está acreditado el certificado, determina darle detención domiciliaria”.

El Ministerio Público y el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) apelaron la decisión y la jueza remitió el caso al Tribunal Supremo de Justicia.///