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Durante el gobierno de Carlos Mesa, las exautoridades forzaron la emisión de decretos supremos para favorecer la adjudicación de la construcción de carreteras a empresas brasileñas como Camargo Correa y Odebrecht.

“Hacían todo por decreto, en cada decisión ponían autoridades interinas para que esas personas de confianza tomen las decisiones. Los decretos eran de urgencia, no tenían informes técnicos legales”, explicó la presidenta de la Comisión Especial Mixta de Investigación del caso Odebrecht-Lava Jato, Susana Rivero, a Cambio.

La legisladora indicó que la empresa brasileña utilizó el mismo modus operandi en países como Perú y Brasil, donde construyó obras, pero ahora la justicia investiga los hechos ilícitos.

Señaló que todos los pasos se dieron a partir de la conformación de la comisión legislativa - que por entonces (abril de 2018) sólo contaba con el informe de la Policía Federal del Brasil, que indagó el caso con el nombre de Castillo de Arena.

Puso como ejemplo el Decreto Supremo 27693, emitido el 20 de agosto de 2004, por el que se instruye al Servicio Nacional de Caminos (SNC) que proceda con la licitación de la obra Roboré-Puerto Suárez, en 120 días.

Sin embargo, el Decreto Supremo 27794, aprobado el 15 de octubre de 2004, ordena al SNC dividir la obra en dos tramos; una se adjudica a la compañía Camargo Correa y la otra a Odebrecht. “Firma el decreto, el de confianza, Carlos Alarcón Mondonio, que lo ponen de interino de Obras Públicas”, afirmó.

Otro hecho irregular tuvo lugar después de que se conoció un informe preliminar que señalaba que el proponente incumplió con el pliego de especificaciones, por lo que, acto seguido, aparece un decreto supremo que instruye al SNC proceder a la adjudicación. “Aplicaron el mismo modus operandi, decretos de urgencia, interinos de confianza, para tomar las decisiones y que nadie moleste a los empresarios.

Todo lo monitoreaban al más alto nivel”, afirmó Rivero. También están los cables de la embajada brasileña, en los que se da cuenta de las personas que se reunían, a qué hora lo hacían y las decisiones que se tomaban.

El trabajo de indagación prosigue con un segundo indicio referido a los  flujos migratorios de los empresarios brasileños Marcos de Moura Wanderly (representante de Camargo Correa) y Jorge Barata (representante de Odebrecht), quienes realizaban constantes viajes a diferentes países del continente. Rivero hilvana que el tercer indicio son los movimientos sospechosos en las cuentas bancarias de las autoridades de entonces.

Sobornos y sobreprecio

En tanto, la diputada del MAS Sonia Brito reveló anoche que se pagaron al menos 5 millones de dólares en sobornos para adjudicar la construcción de carreteras a las firmas Camargo Correa y Odebrecht, en la que están involucrados siete exautoridades del gobierno de Carlos Mesa.

La comisión investigadora llegó a la conclusión de que hubo un sobreprecio de $us 42 millones en la adjudicación de las carreteras Roboré-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepción. El informe pasará al pleno de la Asamblea Legislativa y la Fiscalía para su indagación.

“Estamos hablando de 5 millones (de dólares) sólo en el caso de sobornos y de 42 millones (de dólares) de sobreprecio en estas carreteras”, informó la legisladora en una entrevista en el canal estatal. 

“Recibían dinero en maletas”

La diputada Susana Rivero dijo que para iniciar la investigación en el caso Odebrecht-Lava Jato se remitieron a las declaraciones realizadas por el representante de la empresa brasileña, Marcelo Odebrecht, en el juicio que tuvo lugar en Estados Unidos, en el que confesó cómo entregaba el dinero. “En la sentencia confiesa y dice que daba fondos en efectivo, en paquetes, maletas o en transferencias bancarias”, indicó.

En su criterio, estas recepciones de dinero están vinculados a los viajes que realizaban las personas cuyos nombres se encuentran en el informe.

Otro elemento que el mismo Odebrecht revela en su confesión, sostuvo Rivero, es que pagaba antes para asegurarse el contrato y que le adjudiquen la obra; además, se comprometía a realizar futuros pagos.

Remitiéndose al expediente, afirmó que los pagos estaban destinados a políticos, candidatos y altos funcionarios de los gobiernos, mediante los que obtenían “ventajas indebidas y que se garanticen los contratos”.