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El concejal de Demócratas de Colcapirhua, David Suárez, entregó ayer a la Fiscalía su celular con fotografías, grabaciones de audio y video para probar que le prestó 1,3 millones de bolivianos al alcalde suspendido José María Leyes y a su mano derecha, José Miguel Padilla, para la compra de cemento asfáltico sin que hasta la fecha le hayan devuelto su inversión, informó ayer uno de los primeros abogados que lo asesoró, Sergio Coca.

Suárez presentó una denuncia por estafa contra Leyes por 1,3 millones de bolivianos. En caso de demostrarse que el dinero se usó para una compra del municipio, puede reforzar la hipótesis de que en la Alcaldía operaba una red de corrupción.

Según el abogado que conoció la denuncia en primera instancia y también exasesor del municipio, el concejal conservó varias grabaciones de llamadas que sostuvo con Leyes y en las que también conversan sobre la devolución del dinero.

También almacenó mensajes de WhatsApp y videos. Todo el material se mantiene en custodia del Ministerio Público y no puede manipularse de ninguna forma para que adquiera la condición de prueba.

Coca fue contactado por Suárez en para recuperar el dinero. En primera instancia le enviaron al Alcalde una carta notariada.

El documento señala: “Es de su conocimiento que mi persona efectuó el pasado 14 de agosto y 11 de noviembre de 2017 la entrega de 700.000 y 600.000 bolivianos en calidad de préstamo a su persona, quien se comprometió a la devolución en un plazo de tres meses, acto que no ha sido cumplido”.

Sigue: “Mediante la presente carta notariada, conmino a su persona a efectuar la devolución, más intereses, bajo conminatoria de iniciar acciones legales”.

El abogado de Leyes, Humberto Trigo, rechazó la denuncia y dijo que las fechas no coinciden con la denuncia presentada.

Ante este hecho, el Alcalde respondió con otra carta: “No tengo relación civil, comercial, contractual y menos he recibido dineros suyos (…) Cualquier obligación de préstamo debe ser respaldado con la documentación correspondiente”.

Según Coca, en caso de confirmarse que el dinero fue destinado a la compra de cemento asfáltico se puede confirmar el “modus operandi” de usar financiadores para que empresas fantasma o fachadas se adjudiquen contratos del municipio.///