residente condena "actos delictivos de la derecha" en Santa Cruz a nombre de la democracia
Además, advirtió que los detractores del Gobierno pusieron en marcha una campaña para convulsionar el país, tal como sucedió en 2008
El presidente Evo Morales condenó el miércoles los "actos delictivos de la derecha" registrados ayer en la ciudad de Santa Cruz, donde un grupo de manifestantes incendió el Tribunal Electoral Departamental a nombre de la democracia. Condenamos actos delictivos de la derecha que dicen defender el estado de derecho pero destruyen las instituciones del Estado. Ayer, a nombre de la autonomía, promovieron el racismo y el separatismo. Hoy, a nombre de la democracia, fomentan la violencia y el vandalismo.
Comités cívicos y dirigentes políticos de la oposición convocaron a la población a movilizarse en contra del órgano Electoral para intentar anular al binomio oficialista Evo Morales-Álvaro García Linera para las elecciones primarias y generales de 2019.
"Condenamos actos delictivos de la derecha que dicen defender el estado de derecho pero destruyen las instituciones del Estado. Ayer, a nombre de la autonomía, promovieron el racismo y el separatismo. Hoy, a nombre de la democracia, fomentan la violencia y el vandalismo", escribió Morales en su cuenta en Twitter.
El Gobierno denunció que la oposición apela al "matonaje", la violencia y la mentira para imponer su ideología y los intereses políticos de las élites que intentan volver al poder y deshacer el Estado inclusivo y plurinacional que construyó el presidente Evo Morales junto a las organizaciones sociales del país desde 2006.
Además, advirtió que los detractores del Gobierno pusieron en marcha una campaña para convulsionar el país, tal como sucedió en 2008, cuando se registraron violentas movilizaciones "separatistas" y una persecución en contra de los sectores que apoyan al mandatario indígena.
El Tribunal Supremo Electoral sustentó la habilitación de la candidatura de Morales en un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que a finales del 2017 legitimó la repostulación de autoridades nacionales y subnacionales en sujeción a tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y reconocidos por la Constitución boliviana.
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