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Rodolfo Vallejos, alcalde de Cabezas y presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), no estuvo presente cuando se entrevistó a José Luis Parada, asesor general de la Gobernación, pero tiene exactamente la misma queja contra el gobierno autónomo departamental, que las que surgen del edificio de la Omar Chávez Ortiz contra la Casa Grande del Pueblo en La Paz: centralismo y retraso de desembolsos de recursos.

“Nosotros vemos que la Gobernación ha centralizado los recursos económicos. En 2010, Rubén Costas decía que llegó la hora de las provincias, que se acababan los centralismos, pero los municipios nos hemos visto obligados a presionar para que nos desembolse los recursos”, dice Vallejos, que comandó un cerco al edificio de la Gobernación hace pocos meses.

Costas definió que los recursos de las regalías departamentales se distribuyan entre las provincias productoras de hidrocarburos (50%), las no productoras (40%), y los pueblos indígenas (10%), pero luego de pagar el servicio de la deuda. Así, todos los años los municipios reclaman que no les llega dinero y la Gobernación les exige proyectos para transferirse recursos.

Según Vallejos, muchos millones de los licitados aún no se han ejecutado. Pone como ejemplo un proyecto de electrificación en Cabezas, de Bs 22 millones, que aún no ha comenzado a construirse. El último tramo de esa obra, con una inversión de Bs 11 millones, fue subida al Sicoes a mediados de septiembre y adjudicada un mes después.

Pero la mayor queja de Vallejos es en la transferencia de recursos. Asegura que a su municipio le asignaron Bs 1,8 millones para ocho aulas en la comunidad de Abapó, pero recién se lo dieron en diciembre, por lo que calcula que a mediados de año se podrá comenzar a construir. “Pero como ya salió el cheque, ellos lo tienen como ejecutado”, reclama. Asegura que la queja es compartida por otras comunas.

Desde la Asamblea

Edwin Muñoz se suma a las quejas y asegura que la Gobernación no desarrolla un proceso de planificación participativa, sino que todo se decide desde la oficina de la Omar Chávez, sin tomar en cuenta para ello a los municipios y mucho menos a los movimientos sociales.

“El 60% del presupuesto lo destina a programas y apoyo a fortalecimiento institucional, a contratación de personal, trabajadores en línea y por productos”, asegura Muñoz, que no tenía en la cabeza las cifras del presupuesto departamental, ni siquiera el que destina a salud.

Todo esto deberá ser informado esta semana a la Asamblea Legislativa Departamental. Se espera que el martes, Rubén Costas comparezca ante ella.///