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Luego de una maratónica audiencia de más de 14 horas, el juez segundo Anticorrupción, Israel Claros, resolvió dar detención preventiva a seis de los siete imputados en el caso de consorcio de policías, abogados, jueces y fiscales que operaban con el abogado torturador Jhasmani T.

La determinación señala: la vocal Anawella P. debe ir con detención preventiva al penal de San Sebastián mujeres. El esposo de la vocal, Yuri T., irá con detención a San Sebastián varones. Los cuatro policías: Carlos P. a la cárcel de San Antonio, Hugo M. a San Pedro de Sacaba, Jorge T. a San Pablo de Quillacollo y Adán S. a la carceleta de Arani.

En tanto, el fiscal Mauricio O. debe permanecer con detención domiciliaria, sin trabajo. Tiene que pagar una fianza de 50 mil bolivianos, cumplir arraigo y tiene prohibido relacionarse con funcionarios policiales, testigos, coimputados y miembros de la Fiscalía.

La autoridad basó su decisión principalmente en el riesgo de obstaculización que cada uno de los imputados podría ejercer en razón de los cargos que ocupaban.

Desarrollo

La audiencia comenzó a las 11:10 con la intervención del Ministerio Público. La fiscal Faridy Arnés explicó el grado de participación de la vocal Anawella T. P. y su esposo. Ambos fueron identificados como tíos del abogado Jhasmani T.

Se señaló que la vocal recibía pagos por firmar las resoluciones que Jhasmani elaboraba para favorecer a sus clientes en los casos que llegaban a sus manos. Tal es el caso del feminicidio de Chokoburguer, las hermanas Adriázola, entre otros.

Todo esto se conoció a través de audios y testimonios cuya veracidad fue cuestionada por la defensa.

Luego, se procedió a señalar la presunta participación del fiscal Mauricio O. El vínculo identificado fue a partir de su hijo, quien trabajaba en el consorcio Lecrere y Asociados. Sin embargo, el aludido indicó que descubrió que su hijo prácticamente se encontraba bajo presión.

“Maldigo la hora que fue a trabajar a ese bufete de abogados”, dijo con la voz entrecortada.

En lo que respecta a los cuatro policías, todos ellos fueron vinculados con el cambio de tres discos duros que se extrajeron del allanamiento a la oficina del abogado. Esto generó que se perdiera mucha información.

“El abogado refirió que cuando se abran los CPU terminaría el sistema judicial, pero resulta que cuando se vio el contenido estaban completamente vacíos, confirmando que se habían cambiado”, señaló la fiscal.

Sin embargo, dos de los policías alegaron que trabajaban en otras unidades que no tenían contacto con lo allanado. Mientras, los otros dos negaron las acusaciones.

La audiencia se desarrolló en un ambiente tenso y de pesadez debido a que duró más de 14 horas. Las partes apelaron la decisión del juez al finalizar la resolución. Hoy se tendrá un nuevo actuado procesal.///