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El empresario y líder político de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, que era el único arraigado dentro del proceso denominado FOCAs, logró que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) deje sin efecto esta medida cautelar sustitutiva a la detención preventiva por lo que podrá salir del país sin necesidad de autorización judicial sino simplemente poniendo en conocimiento de la Fiscalía General del Estado.

En octubre de 2016 la Fiscalía pidió su detención preventiva, pero en febrero de 2017 la Sala Penal determinó medidas sustitutivas como la prohibición de salir del país sin autorización judicial, la obligación de presentarse una vez al mes en la Fiscalía y una fianza de Bs 200 mil.

Casi dos años después, Doria Medina solicitó la modificación de esta disposición alegando que cumplió 60 años y que está amparado en la normativa nacional que beneficia a las personas adultas mayores sometidas a procesos penales y además cumplió a cabalidad con las medidas cautelares.

Su abogado, Héctor Tapia, explicó en audiencia que el arraigo en contra de su defendido le impide desarrollar con normalidad sus actividades empresariales, políticas y familiares al estar prohibido de salir del país sin previa autorización judicial.

El Ministerio Público rechazó la petición del imputado alegando que no demostró por qué objeta el arraigo, que tenía facilidad de salir del país con autorización judicial y que en los últimos dos años salió en 17 ocasiones.

Luego de escuchar las intervenciones de las partes, los magistrados de la Sala Penal, Olvis Egüez y Edwin Aguayo, determinaron dejar sin efecto el arraigo tal como se hizo con los demás imputados adultos mayores de 60 años.

Sin embargo, el imputado debe comunicar su ingreso y salida del país ante la Fiscalía General del Estado, manteniendo incólume las demás medidas impuestas de la fianza de 200 mil Bs  y la presentación una vez al mes ante el Ministerio Público en La Paz.

Doria Medina dijo que era el único arraigado en este proceso y su persona cumplió con todas las medidas cautelares impuestas por la justicia. “Se ha corregido parte de la injusticia con este juicio porque hay otras medidas que perjudican el trabajo como la anotación de bienes”, aseguró.///