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“Se juran lealtades con documentos de préstamo de dinero firmados”, manifestó Ricardo Arellano, uno de los fiscales designados al caso, ayer durante la exposición de la imputación formal contra el abogado Jhasmani T. L. y su esposa Jimena L., ambos involucrados en el caso de consorcio de jueces, fiscales, abogados y policías.

El representante del Ministerio Público explicó que la esposa de Jhasmani era el nexo para hacer el “préstamo” de dinero a por lo menos cuatro jueces y fiscales a cambio de “lealtad”.

En audiencia se hizo mención a cuatro representantes judiciales, Fernando P., juez de la Estación Policial Integral (EPI) del norte, a quien se le prestó 5 mil dólares; Armando N. R., exjuez de instrucción, quien se “prestó” 2 mil dólares; Luis Armando A., secretario del juzgado de Colcapirhua, también fue beneficiado con un préstamo.

“Todavía existen personas que me deben, ahora me tendré que adoptar otras instancias para hacer el cobro de deudas, ya que mi método no funciona”, declaró Jhasmanio durante su intervención.

Arellano informó que la investigación se amplió contra los jueces antes mencionados, quienes serán convocados a declarar en los próximos días. Se presume que más jueces y fiscales estén comprometidos con estos “préstamos”.

El juez de la EPI Norte mencionado admitió a ATB que sí se prestó dinero de Jimena L., pero señaló que no sabía que era esposa de Jhasmani. Sin embargo, en la declaración de Sergio O. A. —hijo de Mauricio O., fiscal que actualmente se encuentra con detención preventiva—, cuenta que Jhasmani, de manera recurrente, hacía referencia a la quema de la casa del juez de la EPI Norte, pero que días después se encontraban tomando con él.

“Un día me invitó a almorzar, cuando llegué al lugar estaba Jhasmani con otras personas, uno de ellos era el juez de la EPI Norte, estaban haciendo las paces”, declaró.

Casos
Jhasmani T. L. habría cobrado 10 mil dólares por anular la sentencia del juicio por el asesinato de las hermanas Adriázola. Además, por cada proceso disciplinario contra policías, exigía el pago de mil dólares y granadas de gas.

Por otro lado, también entregó un sobre con mil dólares a Anawella T. P. para ratificar las medidas sustitutivas de Félix P. C., en el caso Choko Burger, implicado en el feminicidio de Janett Joselyn Aguilar Avendaño en mayo de 2018.///