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La filtración de más de 150 audios que revelan la presunta existencia de una red de tráfico de tierras en la zona de Albarrancho motivó a  concejales Demócratas y del Movimiento Al Socialismo (MAS)  a solicitar ayer al Ministerio Público agilizar la investigación del caso.

Los productores de coca del trópico se sumaron al pedido, debido a que las denuncias de venta ilegal de lotes involucran a sus dirigentes.

“Toda denuncia va a ser aclarada. El Ejecutivo brindará la información que se requiera para esclarecer el tema”, dijo el alcalde suplente, Iván Telleria.

Sostuvo que envió un proyecto de ley municipal al Legislativo que protege la zona de asentamientos irregulares, debido a que el sector es considerado zona agraria y de pastoreo.

El conflicto cobró importancia nuevamente, tras que se hiciera  público más de 150 audios que involucran a  autoridades de la Alcaldía de Cochabamba, del Concejo y a funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en presuntos actos de corrupción para otorgar la propiedad de 315 hectáreas de tierras a pobladores del trópico y al grupo Olmedo.

“Algún dirigente debe estar actuando a título personal. Pediremos a los implicados que no utilicen el nombre de los sindicatos y de la federación para sus intereses”, remarcó el vicepresidente de las Seis Federaciones, Andrónico Rodríguez.

El 2013, el INRA declaró 215 hectáreas de los predios como fiscales con la Resolución No. 10188. 

Rodríguez comentó que  aún desconocen los detalles del lío y acotó que algunos afiliados presentaron quejas contra el secretario ejecutivo de la Federación Carrasco Tropical Julián Cruz  por estar inmerso en la disputa.

“Tenemos entendido que él estaría utilizando influencias, si es así investigaremos cuál es su participación”, remarcó.

En las grabaciones se menciona el nombre y apellido de la presidenta del órgano deliberante, Karen Suárez, del concejal  Carlos Coca y del alcalde electo José María Leyes. Los dos primeros rechazaron las acusaciones y subrayaron que al contrario promovieron acciones para preservar las áreas verdes.

“Los fiscales deben analizar los audios para ver si corresponde a algunos funcionarios municipales o algún particular”,  expresó el concejal Joel Flores (MAS).

El comandante departamental de la Policía confirmó que los violentos enfrentamientos entre dos grupos que se disputan las tierras dejó tres personas heridas y 17 detenidos. Se prevé que la  audiencia para definir la situación legal de los últimos se desarrollará hoy.

La secretaria general del Sindicato Agrario Montecato, Julia Orellana, adelantó que la próxima semana presentarán material  que muestra indicios que el grupo Olmedo   financia y dirige  una “red de loteadores”.///