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Los datos que está revelando el censo carcelario que se realizó, entre el 11 y 13 de abril, muestran las fallas de criterio y de procedimiento con las que actuaron algunos juzgadores al momento de procesar ciertas causas penales, que derivaron en detenciones en los centros penitenciarios por situaciones poco típicas, como el hurto de una botella de licor, hecho ocurrido en Santa Cruz, o el del robo de un par de chinelas, caso registrado en Potosí.

La información que se está acumulando en el Ministerio de Justicia, responsable de llevar adelante la tarea a escala nacional y de sistematizarla, se ha colectado a través de las consultas que se plantearon en la boleta censal con la que se pidió datos a los reclusos, específicamente en la parte donde se aborda su situación jurídica.

A raíz de este tipo de casos que se están conociendo a escala nacional, que son parte de los 60 identificados como graves por el ministro de Justicia, Héctor Arce, se conformó una comisión especial que está trabajando en la resolución de los procesos para conseguir la libertad de los reos injustamente detenidos, como en el caso del interno del penal de Palmasola por el hurto de la botella que ya dejó el recinto carcelario, al que nunca debió haber ingresado, ya que un juez lo condenó a una pena de 1 año y seis meses, a solicitud de un funcionario del Ministerio Público.

Los funcionarios de la Dirección Nacional de Defensa Pública que están gestionando la información sobre los procesos irregulares que están apareciendo en las cárceles, también han visto otro tipo de situaciones que serán analizadas en el ámbito, ya que los informes preliminares que está arrojando la sistematización de las respuestas del censo carcelario, han desvelado que hay gente con enfermedades graves o con discapacidades, que están recluidas en los penales sin contar con la medicación requerida para tratar males como la epilepsia o sin la posibilidad de movilizarse dentro del recinto utilizando silla de ruedas.

También se han visto casos de hombres y mujeres que están con problemas mentales severos y que son vistos como ‘locos’ dentro de los recintos, situación que los somete a múltiples violaciones a sus derechos por los otros internos.

En estos casos, los profesionales que trabajan con los datos del censo, analizan la posibilidad de plantear el traslado de estos reos a hospitales mentales para su recuperación.

Ariel Rocha, coordinador de la Clínica Jurídica Nur, recordó que en Palmasola ya se hizo un trabajo similar el año pasado, donde se hallaron casos de detenidos preventivos por más de cinco años o gente que estaba presa uno y hasta dos años por encima de su sentencia.

El extitular de la justicia en Santa Cruz dijo que el sistema judicial está colapsado y a tiempo de celebrar la tarea realizada a escala nacional con el censo carcelario, pidió que esta excelente iniciativa no solo quede en el diagnóstico y en el hallazgo de los casos, “sino que se consiga que los detenidos indebidamente dejen el penal”.

Denuncian abusos

Preliminarmente se conoció que algunas de las respuestas de la boleta censal, donde se hace especial énfasis en saber si los internos son objeto de cobros ilegales o abusos por las autoridades de los penales (policías y funcionarios de Régimen Penitenciario), dan cuenta de castigos por reclamar y pagos para recibir un mejor trato.

Los censadores han indicado que algunos reclusos han respondido con temor a las consultas sobre los posibles abusos de los que son objeto, aunque pese a ello se ha sabido que en un penal en Tarija se enviaba a un calabozo a los reos que reclamaban un mejor trato a los responsables de su encierro. Incluso se detalla que este espacio es típico de reclusorios antiguos.///