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"De los asambleístas, no podría descartar", así respondió este miércoles el ministro de Gobierno, Carlos Romero, consultado sobre si figuran autoridades públicas dentro de la estructura que montó el acusado de narcotráfico Pedro Montenegro y su presunto testaferro, Mauricio Higa, desde Santa Cruz.

En conferencia de prensa, el titular sostuvo: "Es posible que Montenegro se reuniera con mucha gente que ignoraba lo que está haciendo. Uno presume que cuando hay un empresario que tuviera algún contrato con el señor (Mauricio) Higa, hubiera sido sorprendido en su buena fe, pero si hay policías, jueces, asambleístas, ahí el razonamiento cambia, porque es extraño que por la función pública que cumplen esas autoridades, sostengan una relación de confianza, de comunicación más o menos fluida con este tipo de personas". 

Manifestó que él recién tomó conocimiento del caso el 28 de marzo, a partir de un informe de contacto, aspecto que calificó como una "falencia" en el accionar de la Policía Boliviana, que muchas veces realiza investigaciones sin informar sobre los avances.

"Evidentemente antes, nunca, nadie me había advertido que existía algún indicio siquiera , ni los excomandantes, ni los exdirectores de Inteligencia, ni directores departamentales, ni el director de la Felcc, y es una falencia muy grave", reprochó.

Romero explicó que el caso aún no está cerrado, debido a que si bien se desarticuló el núcleo de la organización criminal, se continúan investigando sus nexos. Ayer concluyó el peritaje del desdoblamiento de llamadas, chats de WhatsApp y videos, remitiéndose los resultados al Ministerio Público.

"Si hay personas que han tenido algún nivel de comunicación, confianza, de haber compartido espacios sociales con esta estructura vinculada con el narcotráfico, primero, estas personas deberían presentarse y esclarecer su participación", recomendó el ministro. 

Reveló además que una persona, identificada como Hernán G. A. aprovechó el escándalo para pedir 500 dólares a uniformados para evitar su cambio de funciones en la Policía, cobros que realizaba a su nombre y del comandante de la institución del orden, Yuri Calderón.