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En diversas oportunidades el ministro de Gobierno, Carlos Romero, repitió que la Policía Boliviana arrastra una profunda crisis y que estaba fuera de control. Esas afirmaciones son confirmadas por al menos 81 procesos penales de relevancia contra unos 182 uniformados, según información de los Tribunales Departamentales de Justicia (TDJ), a la que accedió ANF, y a un recuento de hechos públicos denunciados.

La mayoría de los delitos cometidos por estos uniformados son por corrupción como: uso indebido de influencias, cobros ilícitos, legitimación de ganancias ilícitas, malversación de fondos, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, robo y otros.

Además, se registraron procesos por narcotráfico y violaciones sexuales, entre otros. Sin embargo, no se contabilizaron las denuncias por delitos de violencia intrafamiliar, agresiones físicas, acoso e incluso feminicidio, que representan un número considerable.

También es importante recordar que de 2007 a 2013 habían más de 30 procesos penales contra policías por distintos hechos de corrupción, procesos que quedaron estancados, según denuncia de la entonces ministra de Transparencia, Nardy Suxo. Esto significa que, en seis años, los procesos penales, por corrupción, contra uniformados se triplicaron significativamente.

La Paz registra la mayor carga procesal contra uniformados, ya que cuenta con al menos 30 causas penales abiertas contra unos 70 efectivos del Verde Olivo.

El comandante general de la Policía Boliviana, Yuri Calderón, dio a conocer la semana pasada que 26 efectivos, entre ellos seis de alto rango, serán dados de baja de forma definitiva y con ignominia, por estar vinculados a diferentes hechos delictivos, esto obedece a un plan de 10 medidas que se implementan para recuperar la credibilidad en la institución del orden.