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El reglamento de propaganda y campaña elaborado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE)prohíbe el descuento por planilla a funcionarios públicos para financiar campaña, al igual que la utilización de bienes e instalaciones estatales con ese mismo fin.

El vocal Antonio Costas, durante la presentación del calendario electoral, ayer en La Paz, señaló que el ente electoral no puede sancionar los actos que se realizaron antes de la convocatoria a las elecciones, pero que ahora el control será estricto y riguroso.

El MAS realizó, la semana antepasada, la apertura de su campaña en el aeropuerto de Chimoré, en el trópico de Cochabamba.

Miles de funcionarios públicos se trasladaron desde la sede de Gobierno y otros puntos del país para participar en ese acto. Muchos de ellos denunciaron que fueron presionados para asistir.

Los descuentos por planilla fueron admitidos por algunos ministros. El 8 de febrero, el titular de Defensa, Javier Zavaleta, declaró a EL DEBER: “Tengo entendido que los militantes del MAS hacen un aporte para el partido. No sé exactamente quién hace los cobros o cuál es el mecanismo para el aporte, pero sé que lo hacen”, advirtió. En esa misma fecha, los partidos y agrupaciones ciudadanas que tienen bajo su mando gobernaciones y alcaldías también admitieron que los funcionarios hacen ‘aportes mensuales voluntarios’ para el financiamiento de su tienda política.

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, declaró anoche que los asambleístas del MAS hacen aportes voluntarios, “pero no son descuentos por planilla. Cada quien va y deposita en una cuenta bancaria del partido. Ustedes pueden comprobar, hay quienes lo hacemos mes tras mes y otros que se abstienen”.

El TSE lanzó prohibiciones específicas al respecto. “Los servidores públicos de cualquier jerarquía están prohibidos de utilizar bienes, recursos y servicios de instituciones públicas en propaganda electoral, tanto en actos públicos de campaña o a través de mensajes pagados en medios de comunicación masivos o interactivos”, establece el inciso ‘a’ del artículo 41.

Borda dijo que el texto “es positivo, es coherente", pero también complementó que cualquier norma no tiene carácter retroactivo. “A partir de ahora las campañas cuidarán de no utilizar espacios públicos”. Recordó que en la concentración de su partido no se utilizaron bienes públicos, “los que llegamos lo hicimos en flotas o en vehículos privados”.

Para el legislador opositor Gonzalo Barrientos (UD) este reglamento “es un simple papelucho que no tiene ningún valor, porque se escribe solamente para cuidar las formas cuando está claro que el TSE no lo hará cumplir porque está vendido al MAS”.

La norma recalca la prohibición de “realizar u ordenar descuentos por planilla a funcionarios públicos para el financiamiento de propaganda electoral”. Prohíbe también realizar campaña electoral, por cualquier medio, en instituciones públicas, o hacerlo en horarios laborales, para el caso de servidores estatales que tengan horarios fijos.

El presidente de Diputados advirtió que los únicos descuentos por planilla en la Cámara son por retrasos y otros temas, pero van a un fondo común para la compra de canastones a fin de año.

En la etapa preelectoral surgieron amenazas e incluso incidentes protagonizados por dirigentes de sectores afines al MAS, en Chapare, que impidieron que partidarios opositores realicen campaña en su territorio. También se registraron agresiones a simpatizantes de Evo Morales cerca a la plaza 24 de septiembre, en Santa Cruz.

Bs 81 millones

Precisamente ayer, el jefe de la bancada de Unidad Demócrata (UD), senador Yerko Núñez, denunció que el Ministerio de Comunicación presupuestó Bs 81 millones por el pago de las “transmisiones gubernamentales” del presidente Evo Morales entre enero y octubre de este año.

El Legislador opositor explicó que ese monto está inscrito en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) y cubre más de 100 ítems de transmisiones, las cuales servirían para que el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) realice campañas políticas con miras a las elecciones del 20 de octubre. EL DEBER intentó conversar ayer con el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, pero no fue encontrado para que suministrara una información con relación a la denuncia de los opositores.

ORTIZ DEJARÁ EL SENADO PARA IR A LA ELECCIÓN

El candidato presidencial de la opositora Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, anunció ayer que él y su acompañante, Edwin Rodríguez, renunciarán a sus cargos a senadores para ser habilitados como postulantes en las elecciones generales de octubre de este año.

El artículo 238 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que no podrán acceder a candidaturas aquellas personas que ocupen cargos electivos, de designación o de libre nombramiento que no hayan renunciado al menos tres meses antes del día de la elección, excepto el presidente y el vicepresidente.

“Siempre actuamos en el marco de la Constitución y de las leyes, vamos a renunciar 90 días antes como dice la Constitución”, dijo.